La fiscal Laura Castagno encabezó las medidas de investigación y allanamientos realizados este fin de semana en la localidad de Río Mayo. Fue en el marco de la causa que investiga las conductas de dos empleados policiales.
La denuncia fue realizada por el propio jefe de la comisaría de Río Mayo, Cristóbal Infante. En uno de los casos, está involucrada una sargento de policía por la emisión irregular de certificados de antecedentes penales para empleados de la administración pública provincial.
En la otra causa, la Fiscalía investiga el rol de un cabo primero que habría ofrecido a la venta una serie de elementos, los cuales habían sido denunciados como robados en un establecimiento ganadero a principios de diciembre.
Por ello, personal del escuadrón de Gendarmería Nacional allanó la comisaría para obtener evidencias vinculadas con la tramitación y normativa para la obtención de un certificado del Registro de Antecedentes Provinciales. También se buscó establecer el monto de la tasa o impuesto a abonar y modos de pago de ese trámite ilegal.
En ese marco, la fiscal solicitó allanar la vivienda de la mujer policía denunciada por su superior y a quien le incautaron el teléfono celular. Se buscaron boletas de depósito a nombre del Poder Ejecutivo de la Provincia de Chubut, planillas de pago, radiogramas y certificados de medios de pago utilizados.
Por otra parte, los investigadores trabajaron sobre una denuncia efectuada el 4 de diciembre donde autores ignorados ingresaron al establecimiento “Los Cañadones”, ubicado a 10 kilómetros de Río Mayo.
Los damnificados denunciaron el robo de dos grupos generadores de 6000 y 5500 watts, una motobomba nueva y un canasto de plástico con unos 10 kilogramos de electrodos finos en manojos de 1 kilogramo.
Luego, los damnificados obtuvieron la información respecto de que varios de esos elementos habían sido vendidos a distintos vecinos de la localidad. La persona que ofrecía los elementos robados era el suboficial de la comisaría local.
Se allanó la casa del “poliladron” para secuestrar su teléfono celular, computadora y dispositivo a través del cual podría haberse comunicado telefónicamente, o mediante redes sociales. También inspeccionaron la dependencia policial en la que cumple funciones el sospechoso.
Además de la Fiscalía, trabaja en el caso la Brigada de Investigaciones Policiales de Sarmiento.
La calificación legal que correspondería a esta causa es la de presunta autora del delito de falsificación o adulteración de instrumentos públicos.