En los tribunales penales de Comodoro Rivadavia se desarrolló este jueves una nueva jornada de debate en la causa denominada “Emergencia Climática I”. En la fecha se continuó con la incorporación de la prueba documental por parte de la fiscalía y para el miércoles 12 de junio se espera comiencen los alegatos finales de las partes.
El fiscal Olazabal detalló numerosos partes diarios con los consolidaos de horas máquinas utilizadas en la emergencia, las zonas de trabajo de la firma Astoil, con la firma del responsable por la empresa y como inspector municipal Joaquín Mansilla. También se exhibieron firmas de los entonces funcionarios Rubén Palomeque y Abel Boyero. Asimismo, se incorporó un dictamen del Tribunal de Cuentas Municipal, con la firma del letrado Javier Mosquera, donde se giran actuaciones a Asesoría Letrada del municipio en septiembre de 2017.
Entre los imputados en el juicio se encuentran los exfuncionarios Boyero y Palomeque; el inspector Joaquín Mansilla; los particulares Cristian Hernán Lobos Rozas, Javier Morales, Julián Astiz, Roberto Monasterolo, los hermanos Cristian y Gonzalo Pérez, Alejandro Herk, Marcelo Van Heerden, Rubén Sartori y Juan Carlos Lara.
El tribunal de juicio está presidido por Mariano Nicosia e integrado por Martín Cosmaro y Carlos Tedesco, jueces penales; el Ministerio Público Fiscal es representado por Cristian Olazabal, fiscal general; acompañado por Fabiola López y Cristian Ovalle, funcionarios de fiscalía. La defensa de Boyero, es ejercida por Guillermo Iglesias; la de Mansilla, Sartori, Van Heerden, Herk y Lara la ejerce María de los Ángeles Garro, y la de Palomeque por María Cristina Sadino, ambas defensoras públicas; la de Lobos Rozas y Morales por Juan Bill, e Ivo Di Taranto defiende a los hermanos Pérez, abogados de la defensa pública; en tanto que la defensa de Monasterolo y Astiz es ejercida por Fabián Gabalachis, abogado particular de los mismos.
EMERGENCIA CLIMATICA I
La investigación se origina como consecuencia de la tormenta denominada “ciclón extra-tropical” que azotó esta ciudad entre el 29 de marzo y 9 de abril de 2017 en la cual según el Servicio Meteorológico Nacional se registró la precipitación de casi 400 milímetros de agua, que generó consecuencias nefastas en distintas zonas, anegando calles y viviendas.
El 5 de abril de 2017 el Concejo Deliberante local declaró la emergencia económica, social y administrativa y liberó al Poder Ejecutivo local a cumplir con la Ordenanza Municipal de Contratos. Así con el fin de remover el lodo resultante de la tormenta se contrataron desde el municipio a 197 empresas, horas máquinas y maquinaria vial. Según la acusación de la Fiscalía, confeccionaron partes diarios, fraguados, que eran autorizados para sus pagos por los entonces funcionarios Boyero y Palomeque.