El Gobierno cerró filas contra la ofensiva legislativa y sindical de este miércoles para enfrentar el veto al aumento a 7,5 millones de jubilados. La orden de Javier Milei es evitar un «quiebre» del superávit fiscal, una bandera que encolumnó a ala económica y política, a través de figuras como el ministro de Economía, Luis Caputo, el de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Después de la represión a la segunda marcha de jubilados y la reunión de gabinete de la semana pasada, «halcones» y «palomas» -como los bautizó Milei- buscan mostrarse sin fisuras de cara a la reaparición en escena de algunos gremios. Su regreso a las calles coincidirá con el intento de la oposición de conseguir los dos tercios para insistir con la nueva fórmula jubilatoria y revertir el veto de la ley aprobada, que fue la primera derrota de Milei en el Congreso.
En medio de renovadas internas dentro del oficialismo, la semana pasada trascendió que se analizaba un posible incremento del bono de $ 70.000, que sigue congelado desde hace seis meses, para atenuar el costo político del veto. La alternativa se habría evaluado en el Ministerio de Capital Humano, de Sandra Pettovello, aunque en la cartera afirman que «no hay información sobre otras medidas».
«No hay margen fiscal, vamos a mantener a rajatabla el equilibrio fiscal«, señaló un alto funcionario del equipo de Caputo. En la misma línea, Sturzenegger asegura en la intimidad que «no se evalúa nada» y Francos dijo el sábado que en la gestión actual se incrementó un 6% en términos reales los ingresos de los jubilados, por lo cual «no es razonable reclamarle al Gobierno más esfuerzos de lo que viene haciendo».
La ley de movilidad vetada por el Presidente otorgaba un aumento a los jubilados del 8,1% sobre abril para que, junto al 12,5% previamente otorgado, compense la inflación de enero, que fue 20,6%. También contemplaba que el haber mínimo (hoy, en $ 234.540) no puede ser inferior a la canasta básica total de un adulto multiplicada por 1,09, lo que arroja un valor de $ 317.704, y la cancelación de deudas de ANSES con las cajas previsionales provinciales.
Justamente, el «bache» de enero y el congelamiento del bono junto con la nueva fórmula implicaron un deterioro de los haberes. Según Nadin Argañaraz, titular del IARAF, un jubilado que cobra la mínima perdió en 9 meses el equivalente al 66% de su ingreso de noviembre de 2023. Así, si se quisiera compensar lo perdido, se le debería otorgar $ 198.804. Y un jubilado que no cobra bono perdió en 9 meses del 60% del haber de noviembre.
En Economía, argumentan que «el bache no se cubrió con la ley anterior ni con esta ley«. En rigor, desde 2017, todos los cambios de fórmulas implicaron un perjuicio para los jubilados. La de Mauricio Macri se «comió» un trimestre, la de Alberto Fernández consolidó el achatamiento de la pirámide y la de Milei se salteó parte de la inflación de enero. De esa manera, en los últimos siete años, un jubilado perdió el equivalente a 17,7 haberes de 2017, según el IARAF.
El Gobierno ya empezó a analizar opciones en caso de que la oposición logre un segundo triunfo en el Congreso. Es que si levanta el veto con los dos tercios, el Ejecutivo se vería obligado a acatarlo. En ese caso, la idea es recortar otro gasto para mantener el superávit fiscal. «Si el Poder Ejecutivo no puede doblegar a los legisladores, es posible que el bono no esté porque se va a suplir con el aumento por ley«, dijo una fuente oficial.
Milei estimó que el aumento implica un aumento del costo fiscal del 1,2% del PBI. Pero la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó que es del 0,43% del PBI en 2024 -suponiendo que se discontinúa el bono- y la consultora Equilibra, del 0,3% del PBI. Esta última cifra equivale al costo de la reciente baja del Impuesto PAIS, según la consultora. Y a los ingresos por el blanqueo estimados por las autoridades, según el FMI.
La de jubilaciones fue la partida que más se ajustó para sostener el superávit fiscal, con el que se paga la deuda. En los primeros siete meses, los haberes cargaron con el 27% del recorte del gasto, según el IARAF. Sin embargo, por el incremento del pago de intereses de la deuda, julio cerró con déficit financiero por primera vez desde diciembre de 2023. Ahora, el Gobierno apuesta a congelar una parte del gasto mediante el Presupuesto 2025.