Embarcado en una «batalla cultural» contra la inflación, el Gobierno dio los primeros para facilitar las importaciones de casi 3.000 productos de la canasta básica y redujo el plazo para acceder a los dólares. La norma fue oficializada el jueves, pero algunos bancos tienen dudas y aún no hubo señales sobre la suspensión prometida de la percepción del IVA adicional y del impuesto a las Ganancias.
Desde la semana pasada, el ministro de Economía, Luis Caputo, derivó la discusión en su secretario de Comercio, Pablo Lavigne. También interviene la titular del ente recaudatorio, Florencia Mizrahi. «Esta semana arranca, pero depende de la máquina de AFIP», señalaron en un despacho oficial. «Se está trabajando con Comercio», dijeron fuentes de otra área.
Las autoridades evalúan el costo fiscal de suspender el adelanto de impuestos por su impacto en la recaudación, en medio de la recesión y la caída de la facturación. Según datos oficiales, los ingresos retrocedieron un 8% interanual en términos reales en febrero, pese a que el Gobierno mantuvo el impuesto PAIS y aumentó la alícuota para bienes y fletes, un gravamen que debería expirar a fin de año.
Por otra parte, los bancos todavía deben adaptar sus sistemas a los cambios dispuestos por el Banco Central, por los cuales las importaciones oficializadas a partir del 15 de marzo de bienes de la canasta básica definida podrán acceder al dólar importador, de casi $ 1.000 (oficial + impuesto PAIS del 17,5%), en un plazo de 30 días desde el registro de ingreso aduanero. El grifo se abriría en abril.
Esto representa cierta ventaja para quienes importen alimentos, bebidas y productos de limpieza, cuidado e higiene personal, así como medicamentos. Es que, para acceder a dólares oficiales, el resto de los rubros debe hacerlo en forma escalonada y plazos largos (en cuatro partes iguales y consecutivas, a los 30, 60, 90 y 120 días), lo que explica los escasos pagos en algunos sectores.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la apertura de importaciones la semana pasada, luego de las conversaciones fallidas que mantuvo Caputo con los fabricantes de consumo masivo para que abandonen las promociones del tipo 2×1 y bajen los precios en las góndolas. Desde entonces, el ministro hizo público su reclamo y la tensión con las empresas fue en aumento.
Según pudo saber Clarín, CAME y otras cámaras le solicitaron una reunión al equipo económico. Lavigne recibió el miércoles de urgencia al titular de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, y un grupo de ejecutivos, quienes manifestaron su preocupación por la distorsión que generaría «apertura indiscriminada» y pidieron más tiempo.
Sin embargo, Caputo volvió a apuntar este sábado contra los empresarios y los descuentos porque «mucha gente no puede o no quiere llevar 2 unidades». «Todos pricearon sus productos teniendo en cuenta los augurios del dólar de 2 mil o más», sostuvo, e insistió en que, pese a la baja del dólar, la baja de los precios en las ventas «no se refleja en las estadísticas».
Si bien el INDEC informó la semana pasada que la inflación en febrero descendió al 13,2% mensual (por debajo de lo que esperaba el mercado), el Gobierno está preocupado por el dato de marzo. Las consultoras estiman una leve aceleración que podría llevar el índice en torno al 15% por la inercia aún presente, los ajustes en servicios (energía, transporte y prepagas) y las paritarias.
Los grandes fabricantes de alimentos creen que el conflicto es por la falta de «entendimiento» del ministro sobre la dinámica de la inflación. Algunos, incluso, advierten que la medida las estimularía a importar productos terminados, en lugar de producirlos en el país. «Toto (por Caputo) no entiende muy bien el impacto, no conoce de política comercial, es un broker que no manejó compañías en 20 años», disparó un CEO.
Para el titular de CAME, Alfredo González, «la posibilidad de pagar a 30 días y el diferimiento del IVA juega en contra de las pymes que pagan a 120 días insumos y maquinarias«. Mientras la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) alertó que la medida, sumada al aumento de importaciones de muebles en enero y la caída de la demanda, podrían generar «despidos masivos».