En medio de un clima de fuerte tensión social con marchas de los piqueteros, el presidente Javier Milei decidió que las medidas orientadas a la desregulación de la economía saldrán por un DNU que deberá ser revalidado por el Senado y la Cámara de Diputados, pero mientras no se trate en el Congreso tendrá la «presunción de validez» de una ley.
La decisión de Milei de retroceder en su propósito inicial de enviar un proyecto ómnibus al Congreso y decidirse por un decreto le agrega tensión a las negociaciones que el oficialismo mantiene con un sector de la oposición para quitarle el control de las comisiones al peronismo.
La jugada del Gobierno obliga a Victoria Villarruel, presidenta del Senado, y a Martín Menem, titular de Diputados, a definir la conformación de la comisión bicameral de Trámite Legislativo, que es la encargada de validar los decretos presidenciales. La última vez que se reunió esta comisión fue en junio de 2022, la única de ese año y fue para constituirse. Se estima que más de un centenar de decretos emitidos durante el gobierno de Alberto Fernández no fueron tratados.
Pero para avanzar con la puesta en marcha de la bicameral, Milei deberá convocar a sesiones extraordinarias del Congreso. La comisión está integrada por 8 diputados y 8 senadores, que son designados por los presidentes de cada Cámara a pedido de los distintos bloques.
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Para qué sirve este instrumento legal.
Durante este año, la comisión estuvo presidida por el diputado camporista Marco Cleri, quien terminó su mandato el 10 de diciembre, por lo que en este nuevo período la presidencia debería quedar en manos del Senado.
En lo que tiene que ver con el recorrido que debe hacer el DNU, la normativa establece que una vez que se publica en Boletín Oficial, el Ejecutivo tiene un plazo de 10 días para notificar a la comisión de Trámite Legislativo, que también tendrá 10 días para emitir dictamen. Además establece que las Cámaras deben tratar de manera inmediata los dictámenes. Sin embargo, estos plazos nunca se cumplen y es habitual que queden cajoneados en el Congreso para que tengan validez.
La oposición podría pedir la inclusión de los decretos para que sean tratados en el recinto, pero como no tienen dictamen de la bicameral, el reglamento exige los dos tercios de los presentes. Mientras tanto tienen presunción de validez y hasta que el Congreso no lo anule tiene efectos jurídicos como una ley. Vale aclarar que con la aprobación de una de las Cámaras ya queda firme.
Respecto de la conformación de la bicameral, el final está abierto porque si bien Victoria Villarruel consiguió 5 sobre 8 senadores por la mayoría conseguida con 39 senadores, no está claro cómo, finalmente, se definirá el reparto en Diputados, donde Unión por la Patria pidió que la distribución se haga mediante el sistema D’hondt por bloque, lo que le permitiría al peronismos quedarse con 5 lugares por la Cámara baja.
Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, avisó que la bicameral que aprueba o rechaza los DNU no saldrá por el sistema D’hondt porque no se trata de una comisión permanente. Además, a partir de un acuerdo parlamentario, Cambio Federal, el espacio que preside Miguel Angel Pichetto, con el apoyo de los bloques Innovación Federal, Hacemos por Nuestro País y la Coalición Cívica, propuso a Nicolás Massot para la bicameral de DNU.
A todo esto se agregan los cuestionamientos a la legalidad del DNU de Milei. Vilma Ibarra, ex secretaria Legal y Técnica, advirtió que «si un DNU deroga 300 leyes y modifica otras tantas el PEN se arroga facultades legislativas vedadas. Es un avasallamiento a la división de poderes”.
A través de las redes sociales, la ex funcionaria indicó es “antiinconstitucional” y “antirepublicana», la medida impulsada por el Gobierno para llevar adelante su programa económico.
En tanto, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez cuestionó la decisión del Gobierno de avanzar con un DNU. En este sentido, le advirtió a este diario que no están dadas las circunstancias excepcionales de «necesidad y urgencia” para emitir el DNU, más allá de que el presidente pueda estar habilitado a derogar leyes como la de alquileres, que es una de las incluídas en el decreto.
Gil Domínguez también preciso que si no hay sesiones extraordinarias, este DNU no se tratará en el Congreso hasta marzo, cuando comenzará el período ordinario, «salvo que la justicia lo frene”.