El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel junto a dirigentes de agrupaciones de izquierda presentaron este martes un «habeas corpus preventivo» para que no se aplique el protocolo antipiquete en la marcha convocada para el miércoles en el aniversario del 20 de diciembre de 2001.
«Venimos a interponer formal acción de habeas corpus preventivo y colectivo atento a que es el medio idóneo para prevenir la amenaza ilegal que afecta la libertad ambulatoria e integridad física de todas», sostiene el escrito presentado ante la Justicia.
El titular del Polo Obrero, una de las organizaciones convocantes a la protesta del miércoles, se refirió a la presentación realizada con el patrocinio de Pérez Esquivel, con el objetivo de «garantizar la seguridad y la libertad» de quienes decidan participar de la manifestación.
«Tenemos la intención que las cosas sean los menos molesto para quienes tengan que pasar por allí, y que los que participen tengan la libertad de hacerlo, pero del otro lado nos encontramos con amenazas y con ataques», afirmó Eduardo Belliboni en Continental.
Además, sostuvo que el habeas corpus es parte de la «batalla en el terreno legal» contra quienes aseguran que «cambió el régimen jurídico» en el país.
«Si quieren cambiar las normas de la Constitución, las leyes, tienen que mandar un proyecto de reforma constitucional o declarar un Estado de sitio, que es lo que dijo Patricia Bullrich en relación a los drones que van a perseguir a los manifestantes y que va a identificar gente en estaciones de ferrocarril», sentenció.
El líder del Polo Obrero durante una protesat. Foto Guillermo Rodriguez Adami.Días atrás, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció un protocolo antipiquetes que incluye sanciones a quienes organicen y participen de las movilizaciones callejeras.
«El propósito de este protocolo es, por un lado, cumplir la ley como dice el Presidente, el que las hace las paga. Y por otro lado cuidar a todos los que nos cuidan», dijo Bullrich, a modo de introducción. Y enmarcó las medidas «frente a los cortes, piquetes y bloqueos que sufren muchas empresas en la Argentina, que impiden a los argentinos vivir en paz»
El lunes, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, adelantó que a quienes participen de la marcha se les sacarán los planes sociales.
Además de la presentación del habeas corpus preventivo, el MST, cuyo brazo piquetero es la agrupación Teresa Vive que integrada la UP, presentó una cautelar denunciando el protocolo de la ministra de Seguridad, que buscará evitar los cortes de calles.
«Es urgente que la Justicia dicte una medida cautelar suspensiva e invalide ese engendro represivo e inconstitucional», expresaron en el escrito presentado ante la jueza María Servini.
En tanto, este martes, también el Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) llamó a una audiencia pública a las 16 en la Cámara de Diputados contra el protocolo «que quiere imponer Bullrich», al que se consideró «completamente ilegal e inconstitucional, que cercena el derecho a la protesta social».
Al tiempo que los legisladores de izquierda presentaron un pedido de interpelación a la ministra Bullrich para que de explicaciones sobre el «Protocolo anti piquete», que -según plantean- «busca callar la protesta que genera el plan motosierra de Milei».
Por su parte, el abogado Daniel Anibal Valmaggia presentó un recurso de amparo para que se declare la inconstitucionalidad del protocolo antipiquetes, que recayó en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°3, a cargo del juez Santiago Carrillo.
Otra presentación, con más de 1700 firmas de organizaciones, entre las que se encuentran la CGT, las dos CTA, la UTEP, CTEP, el PO, ATE Nacional, y con patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales, se realizó una presentación ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El texto dirigido a la CIDH solicitan “hacer cesar la aplicación del protocolo y evitar la aprobación de otras normativas que buscan coartar o limitar la protesta social sin perspectiva de derecho internacional de los derechos humanos”.
Mientras que la carta a la ONU, dirigida a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) y, en particular, al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, y a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, solicitan que exija al Gobierno que derogue el protocolo y garantice el derecho a la protesta y los derechos a la vida, la integridad personal y la seguridad de quienes se manifiestan.