El protocolo antipiquetes que presentó hace una semana la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y este lunes reforzó con nuevos anuncios la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sigue generando polémica. Este martes, el gobierno de Axel Kicillof avisó que adherirá a la medida, al considerar que «criminaliza la protesta».
“No nos han solicitado el uso del protocolo, no lo vamos a aplicar porque no estamos de acuerdo con las disposiciones”, expresó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, que es uno de los funcionarios más cercano de Kicillof
Este lunes, la ministra de Capital Humano anunció que «todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado» de cortes de calles «perderán» los planes sociales y «todo tipo de diálogo» con su cartera, a dos días de una movilización convocada por organizaciones de izquierda a Plaza de Mayo.
La advertencia de Pettovello se suma al virtual debut, pasado mañana, del protocolo de seguridad con el que el Gobierno pretende asegurar la libre circulación ante piquetes o bloqueos.
«Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el Presidente (Javier Milei): el que corta no cobra», indicó Pettovello en un breve mensaje difundido en las redes sociales de su Ministerio.
Tanto el protocolo como la advertencia de sacar planes a quienes participen de las marchas, se dan en la antesala de una movilización convocada para el miércoles por la Unidad Piquetera, que irá de Congreso a Plaza de Mayo.
Bullrich anunció el protocolo de Seguridad antes de una protesta piquetera. Foto Failla.El ministro Bianco señaló que hubo contactos de «carácter operativo» entre las carteras de Seguridad, pero insistió en cuestionar el protocolo.
«Lo que se ha hecho sobre pasa un límite que hemos tenido durante estos años de democracia, cuestiones de reconocimiento facial que hay que ver si están validadas desde la normativa legal», sostuvo.
Al tiempo que opinó respecto a la advertencia de Pettovello de cortar los planes a quienes se movilicen.
«La gente tiene que cobrar los programas que vinculan trabajos que se realizan en la provincia y tienen que pagar en cuanto cumplan con sus obligaciones, esto es una cuestión persecutoria», señaló el funcionario bonaerense.
Sin embargo, habló de mantener «cierto orden» y que no se produzcan «desmanes» durante las protestas que se realicen.
Al ser consultado respecto a la posibilidad que haya cierto grado de violencia en medio de la aplicación del protocolo de Seguridad de Nación, respondió: «Esperemos que no, porque nadie quiere una situación de violencia ni de caos».
«Vamos a trabajar para que en el territorio de la provincia de Buenos Aires no se produzca ninguna de estas situaciones», concluyó.