Un nuevo foco de tensión diplomática estalló entre el gobierno de Javier Milei y el régimen chavista. La Procuración General de la Nación manifestó esta tarde a la canciller Diana Mondino su “profunda preocupación” por la descalificación que hizo el gobierno de Nicolás Maduro de los fiscales Cecilia Incardona y Diego Solernó por su opinión a favor de entregarle el avión venezolano-iraní a la Justicia de Estados Unidos, que Clarín adelantó el viernes.
El titular de la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel por expresa disposición del Procurador General de la Nación, Eduardo Ezequiel Casal, transmitió en una nota a Mondino la “profunda preocupación institucional motivada en el Comunicado del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela publicado en diferentes cuentas oficiales de la red social X, entre las que se encuentran la de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República Argentina”y el canciller de ese país.
La nota de la Procuración argentina dice que los fiscales han sido agraviados “por la sola circunstancia del estricto cumplimiento a sus funciones en el marco de un proceso donde les toca intervenir por imperio legal” para entregarle el avión a EE.UU por la vigencia de un acuerdo de cooperación judicial penal a raíz de la violación de leyes norteamericanas. La entrega del avión espera ahora el visto bueno del juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, luego de que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, le pasó un exhorto de un juez norteamericano que retuvo durante meses el ex viceministro de Justicia K Juan Martín Mena, operador judicial de Cristina Kirchner.
El sábado el canciller venezolano Yván Gil rechazó la decisión de la fiscal Incardona revelada de incautar, en favor de Estados Unidos, un avión de carga venezolano inmovilizado en el aeropuerto de Ezeiza desde junio de 2022.
Según un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano, el país «rechaza de manera categórica la decisión (…) en torno al secuestro de la aeronave de EMTRASUR (filial de la aerolínea estatal Conviasa), ilegalmente retenida».
El Boeing 747 fue inmovilizado en Argentina el 8 de junio de 2022 tras llegar de México con un cargamento de piezas automotrices y los 19 miembros de la tripulación fueron detenidos, aunque posteriormente liberados. Entre ellos había cuatro iraníes, uno de los cuales, según Estados Unidos, era un antiguo comandante de los Guardianes de la Revolución, organización considerada como terrorista por ese país.
El avión había sido vendido en octubre de 2021 a la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur) por la compañía iraní Mahan Air, en violación de las sanciones estadounidenses, argumentó el 19 de julio de 2022 el Departamento de Justicia para justificar su petición de incautación.
El propio presidente venezolano, Nicolás Maduro, se había implicado en el caso: «Pretenden robarnos un avión que es propiedad de Venezuela, legalmente propiedad de Venezuela, en Argentina en virtud de una orden de un tribunal imperial» (estadounidense), dijo en 2022. La semana pasada, Maduro comparó al presidente Javier Milei con «Videla y Pinochet» y lo calificó de «neonazi».
Caracas cuestionó los argumentos de ambos funcionarios argentinos, quienes consideraron un tratado suscrito entre Buenos Aires y Washington en el que, según el dictamen, «se comprometieron a brindarse asistencia mutua», lo que incluye la «cooperación en la ejecución de solicitudes de registro, embargo y secuestro».
En octubre de 2022, la Corte del Distrito de Columbia (Estados Unidos) pidió a las autoridades argentinas la confiscación del avión, objeto de investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional.
La aeronave, un Boeing 747 Dreamliner de carga, fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial de la estatal venezolana Conviasa, empresas que están sancionadas por el Departamento del Tesoro de EE.UU.A juicio de Venezuela, la Justicia argentina «pretende desconocer» el «artículo 27 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, que establece la prohibición de paralización o embargo de una aeronave en servicio por cuestiones de patentes».
Además, señaló que el tratado entre Argentina y EE.UU. «no puede ser aplicado a un tercer Estado, porque estaría en franca violación a las obligaciones asumidas en convenios multilaterales», que establecen «procedimientos para resolver este tipo de controversias».
El país caribeño adelantó que «recurrirá a las instancias internacionales que correspondan por este nuevo atropello que, a todas luces, denota parcialidad, discriminación, desconocimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino, conducta inamistosa y carente de la más elemental cortesía internacional».
Asimismo, exigió la «inmediata devolución de la aeronave» incautado en Ezeiza. La justificación de la reclamación por parte estadounidense es que fue una entidad iraní sancionada por el Departamento de Comercio de EE.UU. la que transfirió el avión a un tercero, algo prohibido precisamente a efectos de la sanción.