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Contratos truchos en Capital Humano: el fiscal quiere saber cuánta plata se usó para tomar empleados mediante el acuerdo con la OEI

Después de abrir la causa penal para investigar la denuncia contra el ex funcionario Pablo de la Torre y otros integrantes del área de Niñez y Adolescencia, por las presuntas maniobras de corrupción con contratos millonarios, adquisición de divisas y posibles pago de sobresueldos, el fiscal federal Ramiro González pidió que el ministerio de Capital Humano le ponga un valor al dinero que se involucró en las cuestionadas contrataciones.

El caso, que ya se convirtió en un expediente en Comodoro Py, explotó cuando un funcionario de Capital Humano dio detalles sobre una maniobra que incluía una gran cantidad de contratos posiblemente irregulares dentro de un área Capital Humano. A raíz de estos hechos, fue despedido Pablo de la Torre, quien negó las acusaciones -ya que todo se desarrolló dentro de la Secretaría a su cargo-, y apuntó contra “infiltrados kirchneristas”.

Cuando se dio impulso a la acción penal, es decir que el fiscal encontró elementos suficientes en la denuncia para abrir la investigación, sostuvo en su dictamen que «el objeto procesal se centrará en investigar las distintas contrataciones realizadas a través de la OEI con el Ministerio de Capital Humano de la Nación y las Secretarías dependiente de dicha cartera ministerial».

Con la causa penal iniciada, se busca «establecer si existieron conductas penalmente relevantes; y en consecuencia determinar la identidad de cada una de aquellas personas que participaron de la maniobra».

El representante del Ministerio Público Fiscal impulsó una serie de medidas, entre ellas la citación al titular de la OEI para que brinde su testimonio respecto de los contratos al área de Niñez y Adolescencia.

La semana pasada fue el turno de Alejandro Schiavi, el subsecretario de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio, quien se remitió a dar explicaciones técnicas ante el fiscal González sobre cómo se realizaban algunos convenios.

Pero uno de los puntos centrales que la fiscalía pidió al ministerio que dirige Sandra Pettovello fue determinar cuánto dinero se vio involucrado en el circuito de contrataciones que habrían sido irregulares. Según señalaron fuentes oficiales a Clarín, es justamente Alejandro Schiavi quien está trabajando en este aspecto clave para la causa.

Por orden de Pettovello, desde la Secretaría de la Niñez se está realizando un relevamiento de las contrataciones realizadas bajo esta modalidad en todas las Secretarías dependientes del Ministerio. En función de lo que arroje esa auditoría interna, la fiscalía solicitó que se envíen todas las actas complementarias suscriptas entre las distintas dependencias de Capital Human y la OEI desde el 10 de diciembre de 2023, y toda aquella documentación relacionada con ello: contrataciones efectuadas por la Secretaría; los datos personales de los consultores que fueron contratados bajo esa modalidad y los instrumentos respaldatorios con indicación de montos, fechas y tareas asignadas; así como, las certificaciones de servicio que le permitieron a los consultores cobrar sus honorarios.

De esta manera, en el marco del expediente judicial, se busca conocer en detalle “el dinero público involucrado en la maniobra” y como bajo investigación hay ex funcionarios, no se descarta “que haya habido algún posible enriquecimiento ilícito con el desvío de dinero público”, explicaron a Clarín fuentes judiciales.

El inicio de todo

El testimonio clave fue el de Federico Fernández, Director General de Administración de la Secretaría de Niñez, Adolescencia, quien según las revelaciones periodísticas estaba involucrado en la maniobra.

Entonces, decidió dar los detalles correspondientes ante la responsable de la Subsecretaria Legal. Reveló que el 24 de enero participó de una reunión junto el ex Secretario de Coordinación de Capital Humano, Maximiliano Keczeli, la Jefa de Gabinete de la Secretaria de Niñez y Familia, Lucía Raskowsky, y el ex Subsecretario de administración que no llegó a ser nombrado, Agustín Sanchez Sorondo.

En ese encuentro, según relató Fernández, “se habló sobre la contratación de funcionarios y de personal, se solicitó el nombramiento de alrededor de cincuenta funcionarios que ya estaban trabajando allí”. Para avanzar con esa idea se desvincularon a personas que eran Directores de la gestión anterior, para así «liberar los cargos».

Pero el inconveniente lo planteó Maximiliano Keczeli, quien señaló que eso no iba a ser posible hasta que se resolviera el tema del organigrama o nueva estructura del Ministerio. “En ese momento Sánchez Sorondo sugirió efectuar la contratación referida a través de OEI (Organización de Estados Iberoamericanos)”.

Pero se presentaba otro inconveniente: algunas personas que iban a ser nombradas no iban a poder facturar por su situación impositiva, ya que el tope de facturación con dichas contrataciones era de 1.300.000 pesos.

En el caso de los Directores, teniendo en cuenta la experiencia, la edad y la profesión lo permita, el sueldo promedio es de 2.500.000 pesos.

Una vez que se plantearon esos detalles, los ahora ex funcionarios dispusieron avanzar con las contrataciones por un periodo de tres meses, hasta el 31 de marzo.

A comienzos de marzo se empezaron a cobrar los primeros contratos de OEI celebrados en enero. “Actualmente no hay contratos vigentes”, se especificó. Pero hubo un dato llamativo: el dinero que cobraban algunos de los consultores, “era cambiado a dólares a fin de reducir el volumen de billetes a entregar, siendo este entregado directamente a trabajadores que no formaban parte de la nómina vigente y otros a funcionarios de hecho con bajas retribuciones”. Es decir: sobresueldos.

Los remanentes de dinero en dólares -según se denunció- “eran entregados a Pablo De la Torre, entonces Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, para saldar la nómina del personal que nunca fue nombrado”.

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