Las empresas distribuidoras y transportadoras de gas solicitaron al gobierno subas de hasta el 500% en las tarifas a partir del 1 de febrero y un sistema de actualización mensual. Los pedidos fueron elevados el domingo al ente regulador del gas (Enargas) de cara a la audiencia pública del próximo 8 de enero para definir los nuevos cuadros tarifarios de «transición».
Metrogas, la distribuidora de la mitad de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, indicó en su presentación que necesita una recomposición del 376%. La firma explicó que el ajuste contempla un período que va desde 2018 hasta diciembre de 2023, donde la tarifa estuvo «congelada», sin contar en el cálculo los «paliativos» en marzo de 2021, junio de 2022 y mayo de 2023.
Los aumentos propuestos significan que los usuarios residenciales de menor consumo de las tres categorías (R1, R2 y R3) pagarán una factura de $ 4.318 y los de mayor consumo, de $ 19.333, según los consumos promedio registrados actualmente. Más de la mitad de los clientes se encuentran en la categoría R1, la de menor consumo. En comercios e industrias pequeñas y medianas, el cargo fijo será de entre $10.903 y $ 41.215, según el consumo.
La otra competidora en el AMBA, Naturgy, solicitó incrementos del 438% al 639%. En las facturas, representan montos que van desde $ 4.555 para la categoría R1 y $ 20.809 para los R3-4, que son los de mayor consumo. Según la empresa, el impacto para un cliente típico se ubica en los $ 5.416 mensuales, ya que la categoría promedio (R2-3) es el 70% del total de clientes residenciales.
Gasnea acusó un retraso en sus tarifas de entre el 437% y 703%, Gasnor informó un rezago de 438% al 704%, Camuzzi Gas Pampeana solicitó un incremento promedio del 421%, Transportadora Gas del Sur (TGS) pidió un aumento del 567% para cubrir el atraso desde marzo de 2019 a diciembre de 2023 y Redengas planteó que necesita un ajuste promedio del 481%.
Las compañías propusieron esos ajustes como «tarifa de transición» hasta que haya una revisión integral de tarifas más completa en 2025. Aparte de esa recomposición desde el 1 de febrero, las distribuidoras y transportistas solicitaron actualizaciones mensuales en función del Índice de Precios Mayoristas Nivel General (IPIM) publicado por el INDEC.
La última revisión integral fue en abril de 2017. Luego en abril de 2019, la gestión de Mauricio Macri congeló los incrementos pautados. El Gobierno de Alberto Fernández declaró la ley de emergencia que suspendió la revisión integral, se autorizó un esquema de subas transitorias (2021 y 2022) y desde septiembre, los incrementos fueron por la quita de subsidios al costo del gas.
Desde la semana pasada, el Gobierno de Javier Milei declaró la emergencia energética hasta el 31 de diciembre de 2024 y ordenó que en ese período se defina un esquema de ajustes transitorios hasta finalizar la negociación de la revisión integral. En ese marco, el Enargas convocó a la audiencia pública para analizar la suba de tarifas y un nuevo sistema de actualización mensual.
El ente regulador escucha las propuestas, las evalúa y toma sus propias decisiones. Es decir, que las opiniones de los participantes en la audiencia no son vinculantes. El ente regulador de energía eléctrica (ENRE), en tanto, tiene pendiente convocar la audiencia para definir las tarifas respectivas. El Ejecutivo prorrogó la intervención de ambos organismos sin designar sus autoridades.
El secretario de Energía, Eduardo Chirillo, se reunió la semana pasada con los ejecutivos de las empresas de gas, un mercado donde intervienen dos transportistas y nueve distribuidoras propiedad de siete grupos empresarios. «La reunión fue de presentación y planteamos que se ponga al día lo que perdimos por inflación desde el último aumento formal», explicaron desde una empresa del sector.
Hoy, la boleta de gas se compone en un 41% del valor de producción o precio mayorista (PIST), 11% del valor de transporte, 24% de distribución y 24% de impuestos. Lo que está subsidiado es el precio de producción a cargo de las petroleras. Luego, las distribuidoras y transportistas compran el gas y trasladan ese costo a la boleta, junto con los otros servicios, incluyendo impuestos.
Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA), el Estado cubrió en diciembre el 67% del costo de abastecimiento de los usuarios residenciales de energía eléctrica y gas natural. La factura promedio del país para un usuario de gas N1 (ingresos altos) fue este mes de $ 5.043 por mes, para un N2 (bajos ingresos) fue de $ 2.325 y para un N3 (ingresos medios), de $ 2.690.
El ministro de Economía, Luis Caputo, busca reducir los subsidios económicos (energía y transporte) del 1,7% al 1% del PBI en 2024. Los subsidios reales en energía cayeron 22% acumulado a diciembre, al crecer por debajo de la inflación. Caputo negocia con el FMI un nuevo esquema con topes más restrictivos para reducir los subsidios y alcanzar el equilibrio fiscal el año que viene.