La Sociedad Rural de General Guido (SRGG) emitió un duro comunicado en rechazo a una nueva tasa que el intendente local, Carlos Rocha (Unión por la Patria), pretende cobrar a los productores agropecuarios para el mantenimiento de espacios públicos.
Este insólito impuesto, que se incluyó en el Presupuesto 2024 presentado la semana pasada en el Concejo Deliberante, se cobraría en la emisión de guías ganaderas que ya abonan los productores. Un presupuesto que, según denunciaron los ruralistas, contiene aumentos por encima de la inflación nacional y el agregado de nuevos tributos. «Nuevamente el sector, debe soportar el parasitismo de un estado que no se achica, que no se ajusta», reclamaron los productores.
«No nos corresponde a los productores ganaderos pagar ese servicio, como tampoco corresponde el famoso Fondo Cultural. ¿Por qué el campo tiene que pagar las fiestas del Pueblo y los arreglos de los espacios públicos, cuando no nos arreglan los caminos?», disparó la SRGG.
«Nunca se nos ha convocado a trabajar, analizar o acordar las tarifas o tasas municipales que nos afectan de manera directa, nuestra postura de diálogo y colaboración la hemos mantenido siempre, como también hemos manifestado nuestra forma de pensar, sin embargo se nos ha ignorado una vez más», criticaron los productores.
La economía de General Guido depende fundamentalmente de la producción agropecuaria. «Nuestro sector viene de sufrir tres años de una sequía brutal, donde el estado municipal y provincial estuvieron ausentes para mitigar los efectos, nunca hubo medidas que colaboren con los productores, que ayuden a no perder lo único que tienen en la mayoría de los casos», recriminaron desde la entidad ruralista.
Además, subrayaron que «lo recaudado no vuelve al campo», y que los caminos rurales permanecen igual que hace cuatro años. «Faltan alteos, faltan alcantarillas, falta rastrear caminos, faltan maquinarias, hay pantanos en las lomas, y es por ahí por donde debemos conectarnos con los pueblos, es por ahí por donde no solo sale la producción, salen los enfermos, van los chicos a las escuelas y circulan las maestras y la fuerza de seguridad», señaló la SRGG.
Desde la entidad aseguraron que el sector cumplirá con las obligaciones impuestas, porque no tienen alternativas legales para negarse pero intentarán evitarlo a través de una acción de amparo. De todas maneras, entretanto, expresaron: «Ojalá el Estado también cumpla con sus obligaciones, aunque esto nos parece un derroche de optimismo de nuestra parte».