En las últimas semanas, el Gobierno planteó la revisión de los fondos fiduciarios.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, subrayó en la mañana del lunes que la reducción del financiamiento al FISU, así como la eliminación – también dispuesta hoy- del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, permite «seguir eliminando las discrecionalidades».
«Esto va en línea con la convicción del Gobierno nacional de transparentar al Estado cuando se habla de fondos que deben estar destinados a las personas más vulnerables de la sociedad», agregó el portavoz en su habitual conferencia de prensa.
Reducción de financiamiento para el FISU
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La Ley 27.541 que creó el Impuesto País, estableció que el 70% de la recaudación se dirija a programas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el PAMI, y el 30% restante en obras, turismo y vivienda.
De ese 30%, el 30% se asignaba directamente al FISU, 65% a obras de infraestructura económica y 5% al fomento del turismo nacional.
El decreto de este lunes reduce el 30% del FISU a 1%, incrementando a 94% el monto destinado a obras de infraestructura.
En términos absolutos sobre el 100% de la recaudación del Impuesto, el FISU pasó hoy de recibir el 9% total del impuesto al 0,3%
El fondo, creado en 2019 bajo la gestión de Mauricio Macri, era uno de los fondos fiduciarios bajo evaluación, y se destinaba al financiamiento de proyectos de integración socio urbana para los barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
Entre otras obras, se financia el acceso a servicios de agua, cloaca, veredas, equipamiento urbano, playones y polideportivos, espacios verdes y anexiones seguras de electricidad, así como la creación de nuevo suelo urbano para la construcción de lotes.
Del mismo modo, comprende el programa Mi Pieza, destinado a financiar refacciones, mejoras o ampliaciones de las viviendas en estos barrios.
Según el Monitor de Obras de Integración Socio Urbana, de acceso público, la Secretaría de Integración Socio Urbana había realizado con el fondo 1.276 obras de integración que alcanzaron 5.060 barrios populares y 117 obras de acceso al suelo para sectores populares.
En total, se alcanzaron 338.152 familias con las obras de integración, 255.570 con obras de vivienda y 23.565 con obras de acceso al suelo.
Contrapunto
«Nadie es kirchnerista gratis. Hoy nos enteramos que el candidato a presidente, (Juan) Grabois, el defensor de pobres, manejaba $ 500.000 millones que iban directamente a él sin control, nada«, manifestó la semana pasada el ministro de Economía, Luis Caputo, sobre los manejos de dicho fondo.
Grabois rechazó estas acusaciones y señaló que se trata de «una operación de desprestigio».
«Evidentemente lo que Caputo quiere es sacar el presupuesto de los barrios populares para ponerlo en la timba financiera. Los movimientos sociales no manejan cajas. El Estado se organiza y tiene funcionarios que pueden provenir de una empresa como Caputo o (Federico) Sturzenegger o de movimientos sociales como Fernanda Miño», dijo Grabois mediante un video que difundió en la red social X.
Del mismo modo, citó al actual subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebatián Pareja, quién señaló que, si dicha área «no fue la única que funcionó durante el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo».
«Chau FISU. Chau a la ´cajita feliz´ del atorrante de Juan Grabois. Bien presidente (Javier) Milei defendiendo a los argentinos contra las mafias y los gerentes de la pobreza«, celebró el diputado nacional José Luis Espert en X.
La polémica
El fondo había sido motivo de controversia en las últimas semanas tras un cruce entre el ministro de Economía, Luis Caputo y el dirigente Juan Grabois.
«Nadie es kirchnerista gratis. Hoy nos enteramos que el candidato a presidente, (Juan) Grabois, el defensor de pobres, manejaba $ 500.000 millones que iban directamente a él sin control, nada», manifestó Caputo la semana pasada sobre los manejos de dicho fondo.
Grabois rechazó estas acusaciones y señaló que se trata de «una operación de desprestigio».
«Evidentemente lo que Caputo quiere es sacar el presupuesto de los barrios populares para ponerlo en la timba financiera. Los movimientos sociales no manejan cajas. El Estado se organiza y tiene funcionarios que pueden provenir de una empresa como Caputo o (Federico) Sturzenegger o de movimientos sociales como Fernanda Miño», dijo Grabois mediante un video que difundió en la red social X.
Tercer día de mentiras. Evidentemente lo que Caputo quiere es sacar el presupuesto de los barrios populares para ponerlo en la timba financiera. pic.twitter.com/4XL3K2omwj
— Juan Grabois (@JuanGrabois) February 22, 2024 Del mismo modo, manifestó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no vio irregularidades en el proceso administrativo y operativo de los proyectos financiados por el FISU y citó al actual subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, quién señaló que, si dicha área «no fue la única que funcionó durante el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo».
«Chau FISU. Chau a la ´cajita feliz´ del atorrante de Juan Grabois. Bien presidente (Javier) Milei defendiendo a los argentinos contra las mafias y los gerentes de la pobreza», celebró el diputado nacional José Luis Espert en X.
Chau FISU. Chau a la “cajita feliz” del atorrante de @JuanGrabois Bien Presidente @JMilei defendiendo a los argentinos contra las mafias y gerentes de la pobrezahttps://t.co/vO949JAJxz
— José Luis Espert (@jlespert) February 26, 2024 En sentido contrario, la exsecretaria de Integración Sociourbana durante la gestión de Alberto Fernández, Fernanda Miño cuestionó la decisión y afirmó que es una «burla a los barrios populares».
«La operación berreta que hicieron algunos ´periodistas´ muy amigos del Gobierno, intentando ensuciar al FISU, tenía como objetivo decirle a la gente que están ajustando una ´caja de la política´ cuando lo que están haciendo es desfinanciar la obra pública en los barrios», manifestó en X.
La operación berreta que hicieron algunos «periodistas» muy amigos del gobierno, intentando ensuciar al FISU, tenía como objetivo decirle a la gente que están ajustando una «caja de la política» cuando lo que están haciendo es desfinanciar la obra pública en los barrios.
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— Fer Miño (@ferminook) February 26, 2024 La integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (TEP) señaló que «si querían controlar más» el Gobierno podía haber puesto «más controles».
«Pero no, lo que quieren es dejar de invertir en cloacas, agua, electricidad, calles, veredas y mejoramientos habitacionales para la gente», señaló Miño y enfatizó que los barrios «necesitan más inversión y no menos».
El director de la Fundación Techo pidió la continuidad del financiamiento al FISU
“El FISU viene de una política de Estado que lleva ya varios años en Argentina. En Techo empezamos relevando barrios populares en 2009. En el gobierno de Mauricio Macri, se hizo un relevamiento de barrios populares nacionales donde supimos por primera vez cuántos había en Argentina», explicó este lunes Juan Maquieyra, director ejecutivo de la Fundación Techo.
Según dijo en diálogo con C5N, en 2018 el Congreso vota con unanimidad la ley 27.453 en donde se crea el fideicomiso, y en 2020 el gobierno de (Alberto) Fernández financia la ley con el Impuesto País.
El director de Techo lamentó que el decreto complejiza mucho el financiamiento. “Si se sostiene la situación, baja muchísimo la cantidad de financiamiento orientado a estas obras para más de 6.000 barrios populares en Argentina que necesitan acceso a cloaca, electricidad y otras obras de infraestructura”, remarcó. Señaló también que, si no quiere financiar al FISU por el Impuesto PAÍS, se puede “poner otro impuesto con fuerza de ley para garantizar el financiamiento”.
“No puede pasar que de un día para otro nos levantemos y una política queda desfinanciada, más cuando en el mismo gobierno había voces que habían hablado bien de esta política pública”, indicó.
“Ojalá prime la mirada de continuar con las obras y de transparentar lo que haya que transparentar. No hay posibilidad de meritocracia si no hay como llegar a la escuela o donde trabajar. Hay que invertir en los más de 6.000 barrios populares”, concluyó Maquieyra.