El Gobierno nacional avanza con una primera privatización por fuera del listado de firmas estatales que quedaron sujetas a una venta con la sanción de la Ley Bases: se trata de la metalúrgica mendocina IMPSA que en 2021 había sido estatizada por decisión de Alberto Fernández. Este miércoles se firmará la carta de intención con una empresa norteamericana interesada en comprar la firma y el jueves se llevará a cabo el acto, del que también participará el gobernador radical Alfredo Cornejo, en el que se dará el puntapié inicial de lo que será la eventual re-privatización de la misma.
La empresa, que realiza trabajos para la represa Yacyretá, entre otros, tiene un rojo mensual cercano a los 1,5 millones de dólares, y emplea a unos 720 trabajadores. Desde hace 3 años el Estado nacional, que es propietario del del 63,7% de las acciones y la provincia de Mendoza, que tiene un 21,2% de las mismas, vienen inyectando cuantiosos recursos. Un porcentaje minoritario (5%) lo conserva la familia Pescarmona, histórica propietaria. Pero en el oficialismo aducen que las deudas se acumularon y la firma no cuenta con el capital necesario, por ejemplo, para emprender ambiciosos proyectos.
IMPSA es una empresa que exporta el 85% de su producción y tiene presencia en más de 40 países al generar equipamiento para la industria de petróleo y gas, y de la energía hidroeléctrica, nuclear, eólica y solar fotovoltaica. «Tiene potencial pero hoy no tiene financiamiento», cuentan en el Palacio de Hacienda y ponen como ejemplo que podría caerse la posible construcción de una central hidroeléctrica en la provincia de Córdoba.
El convenio que se firmará este jueves en la capital mendocina, prevé garantizar los puestos de trabajo y establecer dos etapas para la futura venta de la firma. En principio, la oferente se compromete a pagar los sueldos durante los próximos dos meses y en septiembre quedaría en una situación «ventajosa», en caso que se sumen otros interesados, para poder finalizar el proceso de adquisición.
Acompañarán al mandatario provincial en el acto de este 4 de julio, funcionarios de la secretaría de Desarrollo Productivo del ministerio de Economía, que encabeza Juan Pazo. Desde principios de año los técnicos de esa secretaría realizaron un proceso de «saneamiento» y ordenamiento -tenía convenios con organismos como la Conae- de la firma con la intención de re-privatizarla. El argumento es el fuerte «gasto» que le demanda a las arcas nacionales su funcionamiento en plena etapa del «No hay Plata» de Javier Milei.
En el gobierno culparon por el agravamiento de la situación financiera de la firma al proceso que inició A. Fernández y el exministro Matías Kulfas, en acuerdo con exgobernador Rodolfo Suárez, actual senador de la UCR. Y recuerdan que Sergio Massa, con el traje de candidato presidencial, también apoyó a IMPSA «como símbolo del desarrollo industrial argentino».
Con la carta de intención que se rubricaría este miércoles en Mendoza, se daría en los hechos el puntapié inicial para vender las operaciones de la empresa. Y en el oficialismo explican que con una continuidad del proceso de «ordenamiento» de la misma se evitaría una «quiebra segura» por su alto nivel de endeudamiento y por un fuerte rojo operativo. Los recortes realizados desde principios de año, aducen en el Palacio de Hacienda, incluyeron la suspensión de un viaje a Japón de un integrante del directorio y otros gastos suntuarios que engrosaban el déficit de la misma.
La debacle de la firma había comenzado en el 2010 cuando, en pleno auge del kirchnerismo, tomó deudas para la filial IMPSA Brasil y no logró cobrar proyectos Venezuela. Una deuda de 200 millones de dolares, pasó a ser de 1.000 millones de dólares. Después de varios años de negociación con sus acreedores (la mayoría entidades crediticias), logró reestructurar su pasivo en noviembre de 2020.
En 2021 la administración del Frente de Todos aumentó la participación del Estado nacional con un salvataje que, en los hechos, resultó trunco. Y, según detallaron en Economía, el mismo no logró revertir el déficit de las cuentas de la firma.