La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, Estados Unidos, ratificó este miércoles un fallo judiciall de primera instancia contra el Estado nacional de la Argentina, que autoriza el embargo de bonos del Tesoro estadounidense que el país tiene en la Reserva Federal (la Fed) y utilizó como garantía colateral para emitir los bonos de deuda externa «Brady«, en default desde 2001.
Los demandantes en la causa son 7 fondos de inversión que compraron deuda argentina en 1994 y se vieron afectados cuando el país se declaró en cesación de pagos en diciembre de 2001. La demanda inicial se elevaba a unos 420 millones de dólares.
El tribunal del Distrito Sur de Manhattan había autorizado en 2021 el embargo de activos de Argentina en Estados Unidos, incluidos bonos del Tesoro estadounidense que Buenos Aires utilizó como garantía para respaldar una emisión de deuda soberana.
🔴En tan solo un mes, Argentina:
1. Perdió la apelación por los Cupón PBI en Londres (USD 1.500 millones).
2. Recibió Sentencia Sumaria por deuda en default (USD 140 millones).
3. Perdió la certificación del fallo del CIADI en EE.UU. en el caso Aerolíneas Argentinas (USD 340…
— Sebastian Maril (@SebastianMaril) August 21, 2024 «Se confirman las órdenes del tribunal de distrito», dice el fallo de la instancia de apelación en su largo escrito.
El caso remonta a la década de 1990, cuando Argentina emitió bonos garantizados como parte de un plan de alivio de deuda soberana, conocido como Plan Brady, instituido por el entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicholas F. Brady.
El plan implicaba un intercambio de casi US$ 30.000 millones en bonos comerciales no garantizados por otros con garantía, con vencimiento en 2023 («Bonos Brady»), según el tribunal.
Los otros juicios contra la Argentina
Esta misma semana, otra corte estadounidense había denegado al país una moción contra el fondo Titan Consortium, que reclama el pago de una indemnización de US$ 320 millones por la estatización de Aerolíneas Argentinas en 2008, entonces en manos del grupo español Marsans.
Asimismo, Argentina acaba de perder una apelación en una corte británica por otro caso que le obliga a pagar US$ 1.670 millones por un supuesto mal cálculo del cupón de deuda atado a la evolución del Producto Interno Bruto (PIB, el crecimiento económico).
El ex ministro de Economía, Axel Kicillof, asumió a fines de 2013 y cambió la forma de cálculo que tenía el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno; el resultado arrojó un crecimiento menor -3,2% frente al 3,3% que hubiera disparado el cupón-.
Además, el pasado jueves el Estado sufrió otra condena por el impago de la deuda de 2001, un fallo que le costará al país US$ 140 millones.
Pero el caso más grande y pesado está a punto de tener su desenlace en las próximas semanas. En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska condenó a Argentina a pagar US$ 16.100 millones a Burford Capital por la nacionalización en 2012 de acciones de YPF, que perjudicó a Petersen Energía (la familia Eskenazi) y Eton Park.
Los demandantes quieren que la jueza declare a YPF como «alter ego» del Estado nacional así pueden cobrar la deuda, que suma intereses por más de US$ 850 millones hasta la fecha.
En total, según el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, los casos judiciales abiertos que tiene Argentina ascienden a 28.000 millones de dólares.
Se trata, según aseguró a la agencia AFP, de un «tsunami» que puede «amargar la vida» del gobierno de Javier Milei. «Cuanto más demore (en resolverlos), peor va a ser para su plan económico», aseguró.