Al menos cuatro empresas, entre generadoras eléctricas y productoras de gas, aceptaron la propuesta del Gobierno de pagar una deuda por el equivalente a 1.250 millones de dólares en concepto de subsidios con un bono que tiene una quita implícita del 50% y que vence en 2038, el AE38.
Según pudo confirmar Clarín, son YPF (una cifra por los que ya anotó una pérdida en su balance de US$ 29 millones), Albanesi (US$ 32 millones) y Pluspetrol (US$ 7 millones). Pan American Energy -PAE-, que tiene acreencias estimadas en casi 20 millones de dólares, también está de acuerdo. YPF Luz se podría sumar en las próximas horas.
«A raíz del momento de expansión que protagoniza el Grupo Albanesi en pleno proceso de inversión, tenemos la necesidad de priorizar los compromisos contractuales asumidos oportunamente con nuestros inversores y hacer frente a las obligaciones financieras. No obstante, el Grupo Albanesi ha acompañado la demanda del sector de la generación eléctrica, que de manera legítima reclama el pago de la energía entregada al sistema durante los últimos cuatro meses y el cumplimiento de los contratos vigentes», dijo Albanesi en un comunicado de prensa.
Los montos corresponden a lo adeudado por el Tesoro debido a la venta de energía eléctrica y gas natural a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) en diciembre y enero, que debieron haber cobrado las empresas en los primeros días de febrero y marzo, respectivamente.
El total de esas transacciones en pesos suma $ 1.074.258.000.000 ($ 1,07 billón), de los cuales unos $ 600.000 millones son con el sector privado. Según la visión del Gobierno, ese monto es lo relevante, por el cual emitirán el valor nominal de los bonos en dólares -cifra que se cobraría al vencimiento en 2038; que a valor efectivo presente, si se vendiera en el mercado hoy, sería en torno a US$ 300 millones-.
El resto es deuda intra sector público, con Energía Argentina (Enarsa), Nucleoeléctrica Argentina (Nasa, operadora de las centrales nucleares), la Entidad Binacional Yacyretá (EBY, compartida con Paraguay) y la Hidroeléctrica Binacional Salto Grande (con Uruguay), entre otros actores.
La aceptación de la oferta oficial, implementada por las resoluciones 58 y 66 de la Secretaría de Energía, permite que las energéticas cobren los fondos en efectivo de febrero depositados en Cammesa, que estaban retenidos por el Tesoro a la espera de estos acuerdos individuales. Quienes no otorguen su aprobación, también cobrarán febrero (que se debió haber liquidado a mediados de abril) con bonos.
Asimismo, este lunes 13 de mayo todas las compañías cobrarán «en tiempo y forma» las operaciones de marzo, comentaron en el Gobierno.
Tensión entre las empresas y el Gobierno
La situación en el sector energético es de alta tensión. Mientras las cámaras empresariales como la Asociación de Generadoras de Energía Eléctrica (Ageera) y la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) denuncian que hubo una alteración de los contratos, algo asimilable a un «default energético», hay analistas que vieron en la «mala señal» sobre la seguridad jurídica uno de los motivos principales de la caída del valor de bonos y acciones en los últimos días.
A la vez, indica el sector privado, se apalancaron con deuda ante bancos y fondos de inversión internacionales que financiaron sus inversiones. Esas instituciones son las que tendrán que negociar en el futuro con el Estado nacional una refinanciación de la deuda externa. Por eso, el gobierno de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) estarían siguiendo de cerca la resolución de este conflicto.
Mientras tanto, fuentes oficiales aseguran que las empresas «reclaman la devaluación de diciembre por la energía que vendieron en octubre y noviembre«. «Esa es la diferencia que tenemos. Ellos quieren cobrar a un país que está quebrado la devaluación al momento en que no la hubo. Tomamos el costo político y social de aumentar las tarifas para arreglarles el lío de su negocio. Les bajamos la tasa de financiamiento en pesos y en dólares, y les arreglamos el flujo a futuro, mientras todos los argentinos están poniendo el hombro», disparan desde el Gobierno.
En los despachos de los funcionarios hay bronca por cómo se instaló este tema en la agenda pública y las cartas que enviaron las cámaras al ministro de Economía, Luis Caputo, y al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo.
Y anticipan que «los productores de gas van a aceptar todos, menos Tecpetrol, de Paolo Rocca». Así, con el aval de las petroleras, Caputo ya tendría el acuerdo del 40% de la deuda con privados.
En el primer trimestre del 2024, la Argentina obtuvo un superávit fiscal primario por $ 3,8 billones en «base caja» -lo realmente pagado-, y un resultado financiero tras el pago de intereses de la deuda pública que fue positivo en $ 1,4 billón. Es la primera vez que sucede desde 2010.
Sin embargo, si el Gobierno hubiera pagado los subsidios energéticos pendientes por $ 1,9 billones -tomando en cuenta otra deuda de Plan Gas-, el superávit primario sería más chico, y persistiría un desequilibrio financiero.
NE