La provincia busca obligar al gobierno de Javier Milei a hacerse cargo de una infraestructura vital que impacta directamente en la vida de miles de rionegrinos.
El Juzgado Federal de General Roca ya aceptó la demanda, encendiendo las alarmas en Casa Rosada. Se ha exigido al Estado Nacional un informe detallado en once días explicando la inacción, y tienen solo cinco días para responder sobre las medidas cautelares urgentes que se piden.
Un reclamo por la vida y el futuro de Río Negro
La acción judicial no solo busca que se declare la responsabilidad del Estado Nacional, sino que exige la reparación completa de los 150 kilómetros de la Ruta 151 que atraviesan Río Negro, desde Cipolletti hasta el límite con La Pampa. Pero la urgencia es tal que también se solicitan medidas cautelares inmediatas:
Señalización urgente
Bacheo provisorio para evitar más accidentes
Campañas informativas para alertar a los conductores
Un plan técnico y presupuestario garantizando la ejecución de obras, con informes periódicos sobre los avances.
El amparo detalla un panorama desolador:
Salud en riesgo: Más de 576 traslados sanitarios este año tuvieron que sortear el peligroso tramo.
Educación paralizada: La ruta afecta el acceso diario de más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas.
Economía asfixiada: Actividades cruciales como la fruticultura, minería, turismo e industria hidrocarburífera (responsable del 72% del petróleo y 42% del gas del país) sufren por la intransitabilidad.
Fondos desviados y abandono estratégico
La demanda no solo señala la falta de mantenimiento, sino que también denuncia un desvío alarmante de fondos. Pese a que el 28,58% del Impuesto a los Combustibles debería destinarse por ley al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, esos recursos no llegaron a rutas clave como la 151, dejándolas en un estado «calamitoso». Esto sugiere una decisión política que prioriza otros destinos para fondos que son vitales para la infraestructura vial.
El Gobierno de Río Negro, liderado por Alberto Weretilneck, el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, y la defensora del Pueblo, Adriana Santagati, junto a intendentes clave (Rodrigo Buteler de Cipolletti, Daniela Salzotto de Catriel, entre otros) y referentes empresariales, han invocado desde la Constitución Nacional hasta pactos internacionales para respaldar su reclamo.
Esta demanda no solo defiende los derechos de los rionegrinos, sino que podría sentar un precedente histórico. Podría ser la chispa que impulse a otras provincias a exigir judicialmente al Estado Nacional que cumpla con su deber de mantener las rutas nacionales en condiciones seguras, frente a un abandono que ya no se puede tolerar.