Mientras el Gobierno argentino apuesta a demorar el proceso del juicio por la estatización de YPF, donde ya tiene una sentencia en contra por 16.000 millones de dólares, cada día en que no paga tiene un costo de u$s 2,5 millones en concepto de intereses.
Así lo informó el especialista Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors, en su cuenta de Twitter. Desde septiembre 2023, el momento en que se emitió el fallo de la jueza de Nueva York Loretta Preska que condenó a la Argentina a pagar el máximo posible al fondo Burford Capital -titular de los derechos de las sociedades Petersen y Eton Park-, los intereses acumularon unos 414 millones de dólares.
Para acelerar la situación, Preska convocó a los representantes de la Argentina y a los beneficiarios del caso de la expropiación a una audiencia telefónica que se realizará el 18 de marzo, con el fin de destrabar el proceso de «Discovery» (descubrimiento) de activos embargables del Estado.
El bufete Burford, que compró los derechos de litigio tras la quiebra de las empresas Petersen, de la familia Eskenazi, puso en una lista de presuntos activos embargables a las acciones de YPF en manos del Estado, las concesiones para los recursos naturales, los aviones de Aerolíneas Argentinas, bienes de Arsat, Energía Argentina (Enarsa), el Banco Nación y hasta el swap con China. También los abogados demandantes quieren conocer cada movimiento de dinero del Banco Central (BCRA) al exterior. Esa aspiración es para tener una garantía por si el Estado continúa sin pagar.
La Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de la defensa del país, había argumentado en febrero que Estados Unidos no puede tener injerencia para fallar sobre leyes argentinas, por hechos ocurridos en territorio argentino con empresas argentinas.
Argentina apeló el fallo en contra y ahora apuesta a la «hermandad» de países latinoamericanos. En ese sentido, Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador se presentaron como «amicus curiae» para defender el argumento soberano: que las decisiones de los estados no son judicializables en tribunales extranjeros.
El país expropió en 2012 el 51% de las acciones de YPF a Repsol y el resto de los accionistas, cuando según el estatuto de la petrolera debió haber hecho una Oferta Pública de Adquisición (OPA). Por eso, Repsol cobró casi u$s 9000 millones entre capital e intereses durante los siguientes años, mientras que Petersen Energía y Petersen Energía Inversora se declararon en quiebra en España, luego de no poder pagar los préstamos a los bancos internacionales que financiaron la entrada de los Eskenazi a YPF en 2008.
Los «expertos en mercados regulados» llegaron de la mano de Néstor Kirchner como una «argentinización» de parte de la petrolera y pagaron la compra con las ganancias que fueron retirando año a año, dinero que no reinvirtieron en la empresa y llevó a que en 2011 la Argentina entrara en déficit comercial energético, uno de los principales motivos de la instauración del cepo al dólar.