El Gobierno tiene todas las expectativas depositadas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El mismo será un Programa de Facilidades Extendidas, similar al actualmente vigente. Este tipo de programa proporciona asistencia financiera a los países que afrontan problemas de balanza de pagos, y exige a cambio la aplicación de reformas estructurales y medidas de estabilidad macroeconómica.
El acuerdo tendrá un plazo de pago de 10 años, con un período de gracia de 4 años y el endeudamiento se utilizará para el rescate de la deuda del Tesoro con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y para afrontar los vencimientos con el propio organismo en los próximos 4 años.
Pero el DNU no proporciona información sobre los fondos que desembolsará el FMI, las condiciones del endeudamiento y las metas que el organismo impondrá como condición para realizar los pagos, cuestiones claves para los mercados.
Claves del acuerdo con el FMI: cuántos dólares pueden entrar y cuáles son las condiciones
Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, se espera en transmitir optimismo a los referentes del mercado. Según surge de esas conversaciones, el acuerdo con el Fondo no solo permitirá cancelar deuda del Tesoro con el Banco Central por unos u$s8.000 millones, sino también postergar vencimientos de deuda con el organismo multilateral por más de u$s20.000 millones hasta el 2029, según supo iProfesional de fuentes cercanas a las negociaciones.
Caputo ya oficializó que con los dólares que dé el FMI recomprarán deuda del Tesoro en poder del Banco Central. Se trata de Letras Intransferibles, un instrumento de deuda pública emitido por el Tesoro nacional y entregado al Banco Central a cambio de dólares de las reservas, que a su vez se usaron para cancelar vencimientos de deuda.
Este instrumento fue utilizado por primera vez en enero de 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner (Frente para la Victoria). Entonces se emitieron títulos por un valor de u$s9.500 millones, fondos que se destinaron a saldar la deuda con el FMI.
En las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández (Unión por la Patria) también se emitieron letras, mientras que durante el gobierno de Mauricio Macri (Cambiemos) se redujo el stock (a través de un canje de títulos).
La actual administración emitió letras por más de u$s 5.000 millones.
La ventaja de las Letras Intransferibles es que tienen una tasa baja, mayormente se colocan a 10 años de plazo y no tienen posibilidad de negociarse en el mercado secundario. Es decir, el BCRA no puede ofrecerlo a otro acreedor a cambio de fondos frescos.
A lo largo de los años, los gobiernos contabilizaron de forma distinta el valor de estas Letras en el balance del BCRA. La gestión de Fernández de Kirchner las anotaba a su valor nominal (es decir, el monto original de la deuda, que se salda al vencimiento), pero a partir de 2018 -durante la presidencia de Mauricio Macri– se contabilizaron al valor del mercado (el precio al que teóricamente podrían negociarse si tuvieran mercado secundario).
Poco después de asumir, en enero de 2020, Alberto Fernández, restituyó las Letras a su valor nominal, pero en diciembre de 2023 la actual administración volvió a contabilizarlas al valor de mercado.
Cómo impactará en la deuda el nuevo acuerdo con el FMI
Según la consultora GMA Capital, con los cambios aplicados por el gobierno de Milei, las letras tienen una valuación de mercado estimada en u$s23.000 millones, mientras que su valor nominal es superior a u$s67.000 millones.
Así, esta diferencia en el modo de contabilizar las letras ya generó una pérdida patrimonial de $41,5 billones en los activos de la entidad.
En este escenario, el Gobierno sostiene que el nuevo acuerdo con el Fondo no implicará un incremento de la deuda bruta, si efectivamente se utilizan todos los dólares para saldar compromisos previos.
Pero cambiaría el perfil de la deuda, incrementando la deuda externa con un organismo internacional y reduciendo un pasivo intra-Estado. Además, mejoraría el balance del BCRA, al cambiar títulos ilíquidos por dólares.
Para Eugenio Marí, economista de la Fundación Libertad y Progreso, la operación mejora el balance del BCRA, ya que cambiaría un activo ilíquido (Letras Intransferibles) por otro líquido (DEGs del FMI). También implicaría un incremento en las reservas internacionales.
Por ahora, el DNU con el que el Gobierno intenta validar un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario no logró un efecto positivo en los mercados, que arrancaron con bonos y acciones arriba del 5% y terminaron con mejoras módicas y el Riesgo País trepando a cerca de 750 puntos básicos.
Según fuentes del mercado, en el nuevo acuerdo con el Fondo la Argentina no contará con más dinero para intervenir sobre la brecha cambiaria y hasta les pone fechas a los desembolsos.
De acuerdo con un reporte de la consultora Bullmarket, propiedad de Ramiro Marra, recientemente expulsado de la Libertad Avanza, pero con peso entre algunos seguidores de Milei, con el acuerdo con el FMI «no se incrementará la deuda pública neta, sino que se reestructura la existente».
Coincide en que habrá «Recompra de Letras del Tesoro» y hasta arriesga fechas: «La Primera recompra será el 1 de junio del 2025, por 10 mil millones de dólares nominales. En 2029 vuelven vencimientos grandes, unos 12 mil millones por año entre 2031 y 2033«.
El trabajo de Bullmarket destaca que se viene un «alivio en el Calendario de Pagos: se diferirán pagos previstos por 13.100 millones de dólares de capital entre 2025 y 2028«. Pero también estima que «el alivio financiero total, contando intereses, podría ser de 20.600 millones de dólares», mientras que «no se eliminan pagos solo se postergan a años posteriores».
Aquí radica uno de los puntos argumentales de Caputo para defender las bondades del acuerdo con el FMI. El ministro de Economía señala que el acuerdo brinda alivio inmediato al Tesoro al postergar pagos y permite reforzar reservas del BCRA con recompras de deuda.
Para Caputo, no representa una dificultad que los dólares no podrán usarse para intervenir en el mercado cambiario, asegurando que su único destino sea la cancelación de compromisos previos. En cambio, algunas fuentes del mercado consideran que esto será un condicionante clave.
Cuál será la tasa que deberá pagar el Gobierno al FMI
La situación, si se toma en cuenta el texto del DNU, es urgente. Allí se alude a la «gravedad de la situación» y la necesidad de «solucionar de manera inmediata la situación en la que se encuentra el activo de la autoridad monetaria del país».
Todo esto, dice el decreto, configura «circunstancias excepcionales que justifican el dictado de la presente medida«.
«La exigencia imperiosa del dictado del presente decreto se desprende de la naturaleza de las medidas económicas involucradas, que requieren de su adopción inmediata para evitar el impacto que de otro modo podrían traer consigo en el escenario económico presente», alerta.
El Gobierno debería pagar ante un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario una tasa de interés menor a la que requeriría una salida al mercado de capitales internacional para la emisión de bonos y, a pesar de la baja parcial que hizo el organismo a fines de 2024, alcanzaría de todas formas un 6,5% anual por un programa que según estimaciones de mercado sería por un mínimo de u$s22.000 millones.
Según la consultora Romano Group, la parte central de ese interés está explicada en lo que se conoce como «tasa DEG» (Derechos Especiales de Giro, la unidad de medida del FMI), y que para su elaboración se toma en consideración un promedio de los rendimientos de las cinco monedas de referencia para la elaboración de los DEG -dólar, euro, yen japonés, libra esterlina y yuan chino- que representa un 3,12% anual, según Romano Group. Otro 2% está explicado en el monto, un 0,75% de sobrecosto por el plazo y 0,6% como margen adicional.
En 2026, de acuerdo con la base de datos del FMI, la Argentina deberá pagar -ya entre intereses y capital, que vuelven a aparecer en el calendario de repagos- u$s3.715 millones. Con el nuevo acuerdo esa plata será refinanciada. Y lo mismo ocurriría con los vencimientos de 2027, 2028 y 2029.
Sería un alivio clave para que la Argentina pueda destinar más recursos, vía apoyos del BID y el Banco Mundial, a obras de infraestructura centrales para aprovechar el potencial en producción energética y minera del país. Y tal vez poder introducir mejoras en proyectos de inclusión social.