Sea que uno consulte a especialistas a ambos lados de la vieja grieta política como a familiares de pacientes, son pocas las voces que este jueves avalaban por completo la propuesta de modificación de la ley de Salud Mental que el Presidente Javier Milei plasmó en la página 167 de su proyecto de “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”.
El texto concede reclamos muy importantes para los familiares de quienes vienen sufriendo la desidia del Estado en salud mental, pero reflota ideas que, creen algunos, son un retroceso y contradicen tratados internacionales en la materia.
Las opiniones, en estas horas, se dividen por lo menos en dos. Están los que ven con buenos ojos que el proyecto recoja el raído guante de la salud mental y, en especial, que se hayan considerado aspectos demandados hace años por los familiares de los pacientes, víctimas de un sistema violento por disfuncional.
Del otro lado, los críticos del proyecto del mileísmo enfatizan su extremismo y que proponga cambios en una ley “vanguardista, única en el mundo”, dicen en alusión a la de 2010, cuando todos los problemas de la última década se debieron a su casi nula aplicación. O sea, no al texto sino a la gestión política.
Los ejes más polémicos son los mismos que se discuten hace años. Uno de los más importantes es con qué criterios es legal internar a una persona que transita un brote por adicción a las drogas o por una afección psiquiátrica y representa un riesgo para sí o para terceros, cuando expresamente rechaza ser tratada o internada. Este delicado punto incluye, a su vez, dos cuestiones.
Por un lado, qué significa “riesgo”, en términos temporales (¿el riesgo debe ser “ahora” o puede ser “después”, si hay indicios claros en ese sentido?) y, además, cuántos y de qué formación deben ser los profesionales que avalen el “riesgo” que amerita la internación involuntaria.
El neuropsiquiátrico de mujeres Braulio Moyano. Foto: Martín BonettoAl igual que el primero, el segundo eje fue largamente debatido y, se ve, lo seguirá siendo. Es, si deben (o no) existir las instituciones exclusivamente dedicadas a pacientes de salud mental, los llamados manicomios, neuropsiquiátricos, instituciones monovalentes o centros de salud mental.
Mientras algunos sienten que con el proyecto del Gobierno se toman en cuenta aspectos postergados por años que promovían un inhumano abandono de los pacientes, otros consideran (al revés) que por abordar esas cuestiones (fallidas, es cierto, pero no por culpa de la ley de 2010 sino por su casi nula aplicación, subrayan), se redactó un texto con una mirada anticuada, extremista y riesgosa en términos de derechos humanos.
Cuatro voces hablaron con Clarín. En nombre de los adherentes a la primera posición, Marina Charpentier, mamá de Chano, el líder de Tan biónica que como paciente sufrió por años las incontables falencias del sector. Además, Stella Maurig, mamá de David, un joven que a los 31, luego de años de consumo de drogas y abandonado por completo por el sistema (aun cuando su madre pujaba por internarlo), se suicidó.
Enfrente hay dos especialistas que provienen, a su vez, de veredas políticas opuestas pero hoy comparten el llamado Foro Federal por la Aplicación de la Ley de Salud Mental. Son Alberto Trímboli, coordinador del área de Adicciones del Hospital Álvarez, presidente honorario de la Asociación Argentina de salud mental (AASM) y ex director de Investigación de la Sedronar, y Luciano Grasso, psicólogo que fue director nacional de Salud Mental durante la gestión de Salud de Adolfo Rubinstein en el Gobierno de Mauricio Macri.
Marina Charpentier, la madre del músico Chano, celebró que se vuelva a hablar de salud mental.
Ley de salud mental vs. proyecto ómnibus: el juego de las diferencias
Los alrededor de 12.000 pacientes de salud mental internados hace años en neuropsiquiátricos que la ley de 2010 debería haber logrado desmantelar, padecen no solo la invisibilidad social sino la inacción política, incluyendo una notable falta de presupuesto al área, que en lugar de tener el 10% del dinero que anualmente va a la cartera nacional de Salud, reciben menos del 3%.
Se trata de un tema denunciado por Clarín y que la gestión de Carla Vizzotti intentó subsanar en el último tiempo de su gestión. Los pedidos de acceso a la información pública que hizo este medio no clarifican que se haya ejecutado el dinero que por ley debería haberse destinado al área.
Los cambios que propone el actual Gobierno no hablan de ninguna cuestión presupuestaria, algo que Marina Charpentier apuntó como una “falta” en el proyecto. Pero aluden a otros puntos que ella ve con optimismo.
“Lo estamos estudiando, pero en principio nos parece muy auspicioso que hayan tomado el tema y todo el reclamo de los familiares. El Gobierno anterior nunca quiso revisar nada: ni la implementación ni ningún artículo de la ley de salud mental”.
En cuanto al eje del criterio de internación, uno de los puntos más álgidos del proyecto de Milei es la reescritura del artículo 20, que como está en la ley es también motivo de cuestionamientos por las familias. Lo dijo Charpentier: “El famoso artículo 20 amplía los motivos para la internación, lo que creemos que es un beneficio. Se habla de padres, de menores, de motivos para internar o de esos casos en que la persona no tiene adherencia al tratamiento. Se mejora bastante”.