En línea con la impronta de Javier Milei, con el inicio de la gestión nacional marcada por un fuerte ajuste, buena parte de los gobernadores arrancaron sus mandatos en esa sintonía y definieron un recorte de los gastos y de la planta de empleados públicos. Mandatarios de distintos colores políticos se subieron a la tendencia.
Los que se adelantaron y avanzaron de manera más decidida fueron los de provincias en las que cambió el gobierno, una manera de diferenciarse de sus antecesores y a la vez en algunos casos para empezar a ordenar las cuentas, en otros como puesta en escena a modo de gesto simbólico ante el panorama crítico de los próximos meses.
El ministro Luis Caputo anticipó una “reducción al mínimo” de las transferencias discrecionales a las provincias y el freno de la obra pública, sumado a la pérdida de recaudación por la suba del mínimo no imponible de Ganancias y la devolución del IVA. Milei convocó a los gobernadores una reunión este martes.
En el arranque de su gestión en San Juan, Marcelo Orrego anunció una reducción del 30% de los cargos políticos y la baja a los empleados nombrados durante los últimos seis meses. Aliado del PRO, el sucesor de Sergio Uñac habló de un “compromiso con la austeridad» y difundió medidas que incluyeron la revisión de las designaciones y la anulación de contratos.
También en el inicio de su gestión, Rogelio Frigerio decidió eliminar el 50% de los cargos políticos en Entre Ríos y crear un Registro de Contratistas de Obras Públicas. “Nuestra provincia está estancada hace demasiados años como para que haya funcionarios que se den el lujo de despilfarrar el dinero de todos”, apuntó el gobernador del PRO.
En Chubut, Ignacio Torres firmó un decreto para dar de baja “designaciones irregulares” de los últimos seis meses y auditar las del resto del año. “Austeridad no es gastar menos, es gastar bien”, aseguró en la misma sintonía que Milei y otros mandatarios provinciales.
El puntano Claudio Poggi, luego de una transición discutida con Alberto Rodríguez Saá, alertó sobre una «situación crítica» en el distrito puntano y anunció que pagará los sueldos de diciembre y enero en dos cuotas. Antes había echado a la rectora de la universidad de la provincia Eugenia Catalfamo y declarado nulas sus designaciones.
En Santa Fe, Maximiliano Pullaro bajó dos ministerios (de 13 a 11, Infraestructura y Género pasaron a secretarías) y preparaba un paquete de anuncios que quedó postergado por la balacera a un hospital de público de Rosario y las amenazas de la semana pasada. El radical contó que también evalúa abonar los salarios de los estatales en cuotas.
Leandro Zdero, en Chaco, suspendió las recategorizaciones avaladas hace unos meses por Jorge Capitanich y dio de baja más de 5.000 líneas de celulares.
Martín Llaryora también dispuso en Córdoba una reducción de ministerios (de 21 a 14) y un recorte de los salarios de los funcionarios públicos: 25% para el gobernador y la vice, 15% para los ministros y legisladores, y 10% para el resto de la planta política, además de un congelamiento de los ingresos al Estado.
En Tucumán, el peronista Osvaldo Jaldo anunció un recorte de entre un 12% y un 13% -unos $220 mil millones- en el presupuesto provincial. Las medidas incluyeron la baja de las designaciones de los dos meses finales de la gestión de Juan Manzur, la eliminación de 10 secretarías, 21 subsecretarías, nueve direcciones y de la Unidad de Reconversión Laboral.
Raúl Jalil, otro peronista, aseguró que en su segunda gestión en Catamarca reducirá la planta política del Poder Ejecutivo provincial en un 20%.
El santiagueño Gerardo Zamora declaró el viernes la “emergencia económica” en la provincia y la aplicación de “medidas restrictivas y de control del gasto público” durante seis meses, con el congelamiento de las partidas presupuestarias para gastos de promoción o difusión oficial.
Claudio Vidal, en Santa Cruz, avanzó en la misma línea con la venta del 80% de la flota de vehículos y una residencia oficial, y la suspensión de teléfonos a funcionarios del Ejecutivo. El neuquino Rolando Figueroa anunció la derogación del régimen de jubilaciones de privilegio, la suspensión de los alquileres de autos para los empleados y la poda del 50% de los cargos de planta política.
Axel Kicillof se diferenció en el discurso de asunción de su segundo mandato. “Pese a todas las dificultades, los bonaerenses evaluaron que lo que falta en materia de vivienda, educación, salud e infraestructura no se consigue ni con motosierra ni ajuste”, advirtió.
El gobernador bonaerense no envió el Presupuesto 2024, a la espera de conocer las variables proyectadas por Nación, aunque en principio no prevé recortes. Ante la Legislatura remarcó que la provincia es la que menos gastó por habitante y la segunda con menor tasa de empleados públicos, detrás de Córdoba.