Vacío de poder en San Lorenzo: la Comisión Directiva se derrumbó y el Estatuto toma el control

(PASTA DE CAMPEÓN – ADNSUR) El martes 16 de septiembre de 2025 San Lorenzo vivió una escena que ninguna institución desea escribir pero que, a la luz de los hechos, resultaba inevitable: trece renuncias presentadas y aceptadas en una reunión breve dejaron a la Comisión Directiva sin quórum y activaron la acefalía por mandato estatutario. El propio club lo oficializó en su web: no hay órgano ejecutivo en funciones y la Asamblea de Representantes debe tomar el control del proceso para definir la transición y/o convocar a elecciones. No es un eufemismo: es caducidad de mandato del resto de los miembros del órgano acéfalo y traslado inmediato del timón institucional al cuerpo deliberativo superior.

Termómetro social y acta jurídica

Puertas afuera, el termómetro social fue inequívoco: socios autoconvocados, banderas con destinatarios puntuales y un mensaje explícito a la dirigencia —“Mercenario, renunciá”— que clausuró cualquier lectura benevolente. Puertas adentro, la acta de la jornada deja dos constataciones jurídicas de manual: pérdida de quórum deliberativo y decisorio en la CD y consumación de la acefalía de ese órgano colegiado. De allí en más rige el Artículo 45 del Estatuto Social: vacancia + agotamiento de reemplazantes = acefalía; y frente a la acefalía, Asamblea al frente, con potestad de designar una Comisión Transitoria (con inhabilitación expresa para quienes hayan contribuido a causarla con su renuncia) y/o convocar dentro de 30 días a elegir autoridades por el tiempo remanente del mandato si faltan más de seis meses. No hay zonas grises. Es procedimiento. Es derecho interno.

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De la Vuelta a Boedo al desgaste interno

Quien crea que el martes fue un rayo en cielo sereno no estuvo mirando la curva. A esta foto se llega tras dieciocho meses de deterioro institucional acelerado y una década de tensión política creciente. La promesa estructurante de los últimos años —la Vuelta a Boedo— se consolidó jurídica y financieramente (ley de restitución, boleto de compraventa con Carrefour en 2016, cancelaciones y giros posteriores, demolición del ex híper y estudios de suelo en Av. La Plata 1700), pero la gobernabilidad del club se deshilachó por dentro. El resultado: un andamiaje técnico exitoso para el proyecto urbano y un sistema político que, a la larga, colapsó.

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De la hegemonía al primer quiebre

La hegemonía electoral de 2019 —Marcelo Tinelli presidente con 80,38% de los votos y récord de participación— duró poco. En mayo de 2021 pidió licencia y en abril de 2022 renunció. Ese mismo diciembre de 2022 la Inspección General de Justicia (IGJ), autoridad de control societario de CABA, suspendió los comicios que el club había convocado, declarando “irregular e ineficaz” el punto de la Asamblea que disponía la elección anticipada. Fue el primer cachetazo regulatorio en años: la vida interna de San Lorenzo ya no salía indemne de la lupa del organismo de contralor. Advertencia: desde entonces, cualquier procedimiento electoral mal instrumentado no pasaría.

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Cambio de mando 2023–2024: arquitectura sin sustento

El recambio llegó en diciembre de 2023: Marcelo Moretti fue electo presidente con 36,73% en otra jornada récord de participación (16.358 votantes), y en enero de 2024 quedó constituida la Asamblea de Representantes con Daniel Roberto Matos al frente de su Mesa Directiva. Sobre el papel, el tablero volvía a verse ordenado: Comisión Directiva en funciones, Asamblea operativa, órganos de control. Pero lo que parecía arquitectura era, en realidad, escenografía: pronto se vería que carecía de sustentación política.

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La lupa de la IGJ vuelve a escena

Hacia noviembre de 2024 otra vez irrumpió la IGJ con una resolución sancionatoria sobre la gestión 2020–2023 tras una veeduría legal y contable. El mensaje —técnico y político— fue cristalino: está todo bajo lupa. Y no “lupa periodística”, sino lupa administrativa con efectos concretos. Es en ese ecosistema donde hay que leer el sismo que partió el 2025.

Abril de 2025: la cámara oculta y el quiebre

El 22 de abril de 2025 se difundió una cámara oculta donde se ve a Moretti recibiendo U$S 25.000 de la madre de un juvenil. El material —emitido por TV abierta y replicado por medios nacionales e internacionales— incendió la pradera. El presidente sostuvo que fue una donación ingresada a tesorería; negó la comisión de delito y habló de “operación”. Más allá de la discusión penal (que seguirá su curso), el impacto institucional fue letal: Moretti pidió licencia y la CD aceptó. Desde ese instante, el órgano ejecutivo funcionó en modo interino, y el capital político del oficialismo se evaporó. AFA tomó nota, los socios también.

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Agosto en rojo: frente comercial y caja

Lejos de apaciguar, el trimestre siguiente agravó la ecuación con la capa financiera: en agosto, la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial revocó una denegatoria de primera instancia y reactivó un pedido de quiebra promovido por AIS Investment Fund (estructura radicada en Luxemburgo) por incumplimientos vinculados a adelantos de la venta de Adolfo Gaich (2020–2021). En lenguaje de Ley 24.522 (LCQ), un pedido de quiebra es, técnicamente, una denuncia de insolvencia orientada a acreditar cesación de pagos; no es un juicio ejecutivo ni una vía para cobrar un crédito individual, pero abre un riesgo sistémico para la persona jurídica. Con ese fallo sobre la mesa y plazos perentorios corriendo, San Lorenzo ya jugaba de visitante en fuero comercial. Caja y gobernabilidad quedaron atadas.

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Licencia, retorno y “doble comando”

Con el barómetro en rojo, agosto ofreció otro capítulo: Moretti notificó por correo el fin de su licencia, marcó fecha para retomar funciones y convocó a la Comisión Directiva para “formalizar” su reincorporación. La maniobra prendió la mecha del “doble comando”: de un lado, un presidente intentando mover el organigrama; del otro, una CD fragmentada cuestionando la validez de esos actos mientras el levantamiento de la licencia no fuera tratado y aprobado en acta. El orden del día no cerró, el quórum crujió y la institucionalidad quedó colgando.

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Septiembre: decisiones, competencia y forma

La primera quincena de septiembre materializó esa bicéfalia en decisiones concretas. Walter Perazzo fue presentado como encargado del Fútbol Juvenil y habló del momento político en TV, mientras un sector advertía que, sin acta que convalidara el retorno presidencial, esos nombramientos eran inoponibles al club por defecto de competencia del funcionario que los emitía. Es tecnicismo puro: en una asociación civil, los actos requieren competencia funcional, forma y causa; si falta uno, son anulables y eventualmente nulos. El caos ya era administrativo.

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Falsedad documental: el punto de no retorno

Como si faltara pólvora, surgió un hecho potencialmente penal: el entonces secretario Martín Cigna denunció una firma apócrifa en la lista de autorizados a ingresar al Cilindro para el clásico con Racing —documentación que se presenta ante AFA y organismos de seguridad—. Si la rúbrica no era suya, ya no se trataba de un pleito político sino de falsedad documental. En el derecho societario, la fe pública de las actas y documentos es un pilar; quebrarla rompe la trama de confianza. La grieta devino abismo.

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El día D: renuncias, quórum y acefalía

Así llegó el día de hoy, martes. Reunión de CD en el Bidegain, ausencias ruidosas, y una secuencia que duró lo que tardaron en apilarse las renuncias. Trece en total; suficientes para dinamitar el quórum y consumar la acefalía. El comunicado oficial no dejó margen: la Asamblea definirá los pasos de acuerdo al Estatuto. En la calle, la hinchada puso la epígrafe de la foto; en la letra de la norma, el Artículo 45 se volvió protagonista. De eso se trata una asociación civil: de ritos, órganos y procedimientos.

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Qué sigue: rol y opciones de la Asamblea

Acá importa el tecnicismo porque aporta ruta crítica. ¿Qué pasa desde ya? La Asamblea de Representantes —autoridad suprema del club— asume la conducción del proceso. ¿Qué puede hacer? (i) Designar una Comisión Transitoria de administración para garantizar la continuidad de los actos urgentes (pagos críticos, contratos, disciplinas federadas, proveedores, seguridad), con plazo acotado y rendición periódica. (ii) Convocar a elecciones para completar el mandato (si resta más de seis meses). (iii) Hacer ambas cosas: Comisión Transitoria + cronograma electoral perentorio. ¿Quién convoca si la Asamblea no puede? La Comisión Fiscalizadora o el Tribunal de Ética y Disciplina, en ese orden de prelación. Todo eso no es opinión: está escrito. Y obliga.

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Límites, obligaciones y forma

¿Qué no puede hacer la Asamblea? Integrar la Comisión Transitoria con renunciantes que contribuyeron a causar la acefalía. Esa inhabilitación es crucial: evita que quien dinamitó el órgano administre el interregno. La norma disuade la extorsión institucional. ¿Qué sí debe hacer? Notificar formalmente la convocatoria, fijar orden del día, taquígrafo, registro, votación nominal y publicación. Todo con boletines, sitio oficial y expedientes que soporten la auditoría de IGJ. El procedimiento es la política.

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Frente financiero: urgencias y plan de contingencia

El frente financiero exige, en paralelo, una ingeniería de urgencias. Con un pedido de quiebra en trámite y órdenes de la Sala C que intiman a informar y regularizar, la Comisión Transitoria —si se elige ese camino— deberá, desde el día uno, armar un mapa de pasivos (por rubro, jurisdicción, estado procesal, vencimientos), priorizar pagos esenciales, negociar con acreedores estratégicos bajo criterios de concurso preventivo (planes de pago, quita, espera) y publicar un dashboard semanal. Caja en mano, papeles a la vista y toma de decisiones trazable. No hay épica que compense la falta de cumplimiento normativo cuando el fuero comercial ya entró a escena.

Blindaje de gobernanza: competencia, forma y causa

En materia de gobernanza, hay estándares mínimos que ya no admiten discusión: (a) Competencia del firmante en cada acto (sin licencia convalidada, no hay capacidad para designar ni contratar), (b) Forma (acta, orden del día, quórum, votación, publicidad), (c) Causa (interés social, necesidad, oportunidad). Faltante alguno, acto anulable o nulo. En clubes con masa societaria y exposición como San Lorenzo, esa trilogía deja de ser un cursito y se convierte en blindaje. La crisis de septiembre ocurrió, en buena medida, porque se relajó esa trilogía. Nunca más.

Hoja de ruta electoral

Hay, además, una dimensión electoral que conviene prever hoy, no en la víspera: Junta Electoral con integración plural y competencias claras; padrón auditado por un tercero; cronograma con plazos perentorios (oficialización de listas, impugnaciones, boleta única si el Estatuto lo permitiera o diseño estándar si no, capacitación de delegados de mesa, transmisión de resultados), y protocolo de comunicación que evite la informalidad que carcome confianza. En 2022 quedó probado que IGJ interviene si hay desvíos. Nadie quiere otro acto suspendido en la puerta.

Vuelta a Boedo: proyecto, no botín

La Vuelta a Boedo, por su parte, necesita cinturón técnico. Con el predio demolido y los estudios de suelo en marcha, el proyecto de estadio debe aislarse del cortoplacismo: pliegos, diseño de financiamiento y licitaciones. Si San Lorenzo desea que el estadio sea solución y no problema, la Comisión Transitoria tendría que dejar una Unidad de Proyecto con mandatos claros, control y reportes. Gobierno corporativo aplicado a una asociación civil.

Unidad de procedimiento

Queda una lección política obvia: la unidad que hace falta no es de selfie sino de procedimiento. Estatuto, Asamblea, Junta, padrón, urna. Después se discutirá proyecto; antes se debe reponer reglas. En clubes populares, cuando la dirección se transforma en capricho y el club en experimento, la comunidad ocupa el vacío y “pasa la cuenta”. Hoy, 16 de septiembre, esa factura llegó con intereses: acefalía y plazos. Es, paradójicamente, una oportunidad fundacional: normalizar con implacabilidad y transparencia. Si San Lorenzo la toma, volverá a marcar agenda. Si no, acefalía será apenas un nombre elegante para otra cosa: ingobernabilidad. Y el Ciclón ya no tiene margen para eso.