El Gobierno tomará por estas horas dos decisiones fundamentales en materia energética para la continuidad de su plan económico.
Por un lado, ya definió que mantendrá en junio el congelamiento de las tarifas en dos de los cuatro componentes que tienen las facturas de luz y gas (transporte y distribución). Esto le servirá al objetivo de obtener una baja en los índices de inflación.
Por el otro, debe implementar un aumento en los precios mayoristas de la energía, que impactaría en los usuarios en una suba de las boletas y en el Estado nacional en un ahorro fiscal de subsidios. Esto es central para perseguir el equilibrio en las cuentas públicas; de otra forma, el presidente Javier Milei deberá pasar la motosierra en otras áreas o cobrar más impuestos.
Guía sobre las tarifas de la luz y el gas
A continuación, Clarín presenta una guía para entender cómo serán los incrementos y las últimas medidas del Gobierno comunicadas esta semana.
1) Tarifas de luz: la Ciudad y el Gran Buenos Aires (GBA) son parte de una única jurisdicción en términos administrativos energéticos, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Como tienen distintos municipios, la regulación de las tarifas de Edenor y Edesur corresponde a la Nación. En el resto del país, incluso el Interior de la provincia de Buenos Aires, la regulación depende de cada gobernador.
En la parte de la distribución es que se encuentran las grandes diferencias que existen en las facturas, ya que el precio de la energía eléctrica es uniforme en todo el país -excepto en la isla de Tierra del Fuego, que no está interconectada al sistema-. El AMBA no recibe más subsidios a la energía que el Interior.
En ese sentido, el Gobierno decidió congelar tanto las tarifas de transporte (a nivel nacional) como de distribución (en AMBA) de energía eléctrica, que representan alrededor del 35% de una factura final de un usuario promedio de Edesur.
Mientras tanto, Economía podría descongelar los precios mayoristas de la electricidad, que desde febrero se mantienen en $ 44.401 por megavatio-hora para los usuarios de «Nivel 1» (N1) de la segmentación, que son aquellos que tienen ingresos o patrimonios altos y los que no pidieron o renunciaron a los subsidios. En el caso de los usuarios N2 (ingresos bajos, hogares en situación de pobreza), por la energía pagan apenas $ 2.981; y los N3 (ingresos medios), $ 3.756.
Ya que los precios mayoristas de invierno treparon a alrededor de $ 82.000, el Gobierno tiene un espacio para incrementar la cobertura de costos por parte de los usuarios. El 65% de los hogares abona apenas el 4% del costo real de abastecimiento eléctrico, lo que se convierte en una enorme masa de gasto público en subsidios.
2) Tarifas de gas: en el mismo sentido, pero en todo el país, el Gobierno congelará en junio los ingresos de las transportistas y distribuidoras, que representan en promedio el 50% de una factura final para los hogares.
Por otra parte, el precio mayorista del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) es de US$ 2,90 por millón de BTU desde abril para los usuarios N1; de US$ 0,78 para los N2; y de US$ 1,16 para los N3.
Estaba previsto que desde mayo los hogares de altos ingresos, los grandes comercios y las industrias pasaran a abonar US$ 4,43 en promedio, pero se suspendió. Ahora Economía define si vuelve a ese sendero o hace un ajuste sobre los usuarios de menores ingresos (el 52% de los hogares, en este caso) para que se achique la brecha entre lo que pagan y el costo real de la producción nacional de gas.
3) Qué pasa con los aumentos previos: la suspensión o el achicamiento de los incrementos de tarifas en relación a lo previsto no implica de ningún modo una marcha atrás sobre lo que ya sucedió entre febrero y abril. Esos consumos se pagan con precios nuevos; lo que frenó el Gobierno fueron nuevas alzas, que se sentirían en las boletas de los usuarios entre julio y agosto.
En estos días, por ejemplo, están llegando a los hogares las facturas por los consumos de abril, que ya tienen aumentos de entre 300% y 400% en promedio.