La causa que investiga el presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) entró en una nueva fase esta semana, con el desfile de imputados por Comodoro Py y una estrategia común: poner bajo sospecha el rol del fiscal Franco Picardi, el origen del expediente y el contenido de los audios que alimentaron la investigación.
El miércoles, el abogado Diego Spagnuolo, extitular de la Andis, llegó a los tribunales federales poco antes de las 13, tal como estaba citado. Bajó solo de una camioneta, subió por las escaleras de acceso y llegó al cuarto piso de Comodoro Py. Eligió, por ahora, no declarar pero reiteró que los audios que se difundieron eran falsos.
Un día después fue el turno del empresario Daniel Garbellini, quien también decidió no declarar. El mismo camino había tomado el empresario Miguel Ángel Calvete, quien está detenido por una causa vinculada a la prostitución pero que poseía documentos que lo involucraron de manera directa en el caso.
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En su acusación, Picardi investiga un presunto entramado de retornos, direccionamiento de compras y desvío de fondos públicos dentro del organismo. El expediente se movió rápidamente. Aunque Casanello no hizo caso al pedido de detención de Spagnuolo que hizo el fiscal.
Según pudo saber PERFIL, el fiscal Picardi no avanzó con los audios como prueba sino que trabajó sobre otros materiales. En medio de esa intriga, resuena un agravente. Distintas versiones apuntan a la circulación de un informe secreto con material presuntamente comprometedor.
En este marco, las defensas trabajan en intentar desarmar el origen de la causa: una denuncia del abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, quien presentó los audios difundidos en el streaming Carnaval. La defensa de Spagnuolo –a cargo del abogado Mauricio D’Alessandro– sostiene lo que denominan la “paradoja de Spagnuolo”.
Afirman que los audios que circulan fueron manipulados mediante inteligencia artificial (eso se planteó en sede judicial) y plantean un dilema para desactivar la imputación: si los audios fueran auténticos, entonces Spagnuolo estaba denunciando hechos ilícitos. Y si fueran falsos, sería víctima de un montaje destinado a involucrarlo. En ambos casos, argumentan en la defensa, no habría delito: o actuó como denunciante o jamás habló. Por ello exigen peritajes con protocolos antideepfake, análisis de metadata y la entrega de los archivos originales.
La defensa de Spagnuolo, según pudo saber este diario, va más allá y cuestiona el corazón del expediente. Señala que Picardi no investigó los audios ni la denuncia presentada por Dalbón, sino una presunta “ruta del anónimo” que dio origen al caso, y hablan de una “excursión de pesca”, un expediente abierto para ver “qué aparece”.
En paralelo, Garbellini y la familia Kovalivker (dueños de la Droguería Suizo Argentina, también imputados en la causa) asimismo apuntan al origen del caso y repiten la fórmula: no declarar hasta que la fiscalía precise cómo obtuvo la información y qué grado de autenticidad tienen las pruebas en su contra. Picardi había pedido detener a Spagnuolo, pero el juez Sebastián Casanello rechazó la solicitud y lo citó a indagatoria. Alegó que estaba “a derecho”, al igual que Garbellini. Con tres imputados que ya se negaron a declarar y defensas que oponen un frente común, la causa Andis entra ahora en un terreno donde el foco ya no está solo en el presunto esquema de corrupción, sino también en los cimientos mismos de la investigación.