En el marco de la causa por el presunto espionaje ilegal a funcionarios y dirigentes políticos, los abogados del gobernador Maximiliano Pullaro solicitaron que el exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, sea condenado a 10 años de prisión.
También se solicitó que el politólogo sea inhabilitado para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo (20 años).
Según el fiscal de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ezequiel Hernández, Sain tenía a su mando un equipo dedicado a elaborar perfiles de integrantes de la dirigencia política y empresarial, junto con otros actores clave del poder santafesino, incluidos tanto opositores de la gestión de Perotti como oficialistas.
El documento, de 174 páginas, firmado por los letrados Jorge M. Ilharrescondo e Ignacio E. Martín que representan al gobernador de la provincia, acusan al nombrado ex ministro de Seguridad y ex funcionarios de delitos como defraudación, abuso de autoridad, asociación ilícita y violación de la ley 25.520, relacionada con el espionaje ilegal.
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En la instancia oral también serán juzgados la exdirectora de la Agencia de Control Policial, Nadia Schujman (48); la exjefa del Departamento de Inteligencia Criminal Zona Sur del Organismo de Investigaciones (OI), Débora Vanina Cotichini (48); el exsecretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro (57); el exsubsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez (37); el exsubsecretario de Control Institucional, Diego Alfredo Rodríguez (44); y la exempleada de la Subsecretaría de Control, Milagros Bernard (31).
La acusación detalla cómo los imputados, muchos de ellos funcionarios públicos, habrían organizado un sistema para recopilar ilegalmente información personal, política y laboral de individuos, incluyendo al propio Pullaro y su entorno, utilizando recursos del Ministerio de Seguridad y del Organismo de Investigaciones.
Cabe recordar que para ese entonces, el ahora gobernador ocupaba una banca como diputado provincial en el bloque de la UCR, opositor al gobierno del cual formaba parte Sain.
El texto presenta pruebas documentales, comunicaciones y testimonios que respaldan la existencia de esta red de espionaje, cuyo objetivo era influir en la vida política y la opinión pública de la provincia de Santa Fe, y se solicita la apertura de un juicio.