El legislador provincial Marcelo Bermúdez (PRO) anunció que en la Legislatura de Neuquén ya hay dictamen favorable para avanzar con un proyecto de ley que establece controles toxicológicos obligatorios para quienes ocupan cargos públicos.
La iniciativa abarca a integrantes de los tres poderes del Estado: el Ejecutivo (incluyendo al gobernador, vicegobernador, ministros y secretarios), el Legislativo (diputados) y el Judicial (miembros del Tribunal Superior de Justicia, jueces, fiscales, defensores y el Consejo de la Magistratura). También contempla a autoridades de empresas estatales y entes autárquicos. Las pruebas serían sorpresivas y se realizarían al menos una vez al año.
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«No se trata de invadir la vida privada»
Bermúdez remarcó que la propuesta no busca intervenir en asuntos personales, sino garantizar la idoneidad y transparencia de quienes toman decisiones públicas.
«No se está evaluando si alguien tiene una adicción ni se pretende juzgar su vida privada. Lo que queremos es asegurar que ningún funcionario tenga vínculos con el narcotráfico mediante el consumo de drogas», explicó.
Controversia por los pasos a seguir ante un resultado positivo
Uno de los puntos más debatidos del proyecto es qué procedimiento se aplicaría si un funcionario da positivo en un test.
La propuesta del PRO plantea un sistema directo: se realiza un test, se confirma con una contraprueba inmediata y, si ambas resultan positivas, el funcionario debe dejar su cargo. Sin embargo, el dictamen aprobado en comisión propone una tercera prueba luego de tres meses y, en caso de persistir el resultado positivo, se activan los mecanismos institucionales correspondientes a cada poder (como sumarios administrativos, juicio político o jurado de enjuiciamiento).
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Bermúdez criticó esta alternativa: “Podríamos encontrarnos con un juez que dé positivo dos veces y que, por no alcanzar los votos necesarios en un juicio político, regrese a su puesto. Eso es injusto y deja el tema en manos de decisiones políticas”, advirtió.
El legislador sostuvo que los controles deben regirse por los mismos criterios que se aplican a la ciudadanía común, como los test de alcoholemia o los exámenes a efectivos de la Policía de Neuquén. “Necesitamos una normativa clara”, enfatizó.
¿Quién asume el costo de los análisis?
Durante el debate legislativo también surgió la pregunta sobre quién debería financiar los estudios toxicológicos. Bermúdez opinó que no deberían ser cubiertos por el Estado, sino por los propios funcionarios.
“El Estado somos todos, somos los contribuyentes. No es justo que un ciudadano tenga que pagar los exámenes de quienes están en el poder”, concluyó.