La tragedia del fentanilo contaminado ya se cobró más de 90 vidas en todo el país y, pese al escándalo, no hay un solo imputado. La justicia investiga a más de 20 personas vinculadas al caso, entre empresarios farmacéuticos y funcionarios, pero hasta ahora las familias de las víctimas se encuentran con una impunidad que duele y enoja.
Recortes y desregulación: un Estado que abandona el control
El caso desnuda una cadena de responsabilidades que trasciende a un laboratorio privado: es el resultado de un sistema que prioriza negocios por sobre la salud. El lote mortal de fentanilo —fabricado por HLB Pharma Group y Laboratorio Ramallo— fue distribuido en hospitales públicos y privados sin los controles mínimos, contaminado con bacterias multirresistentes que terminaron siendo letales.
Más allá de la responsabilidad empresarial, la situación actual refleja la desidia estatal. La ANMAT, ya debilitada por falta de recursos, sufrió nuevos recortes bajo la gestión de Javier Milei y Federico Sturzenegger, lo que golpeó directamente los mecanismos de contralor. A esto se suman medidas recientes que liberaron la importación de medicamentos sin certificación previa, dejando la puerta abierta a nuevos riesgos sanitarios.
No se trata de un “error” aislado, sino de una política consciente que subordina la salud pública a los intereses de la industria farmacéutica privada, donde las ganancias valen más que la vida de miles de personas.
Por otro lado, el diputado del MST en el FITU, Guillermo Pacagnini, ha presentado hace más de tres meses en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires un proyecto de pedido de informes al Ministerio de Salud sobre el tema que la Legislatura sigue sin tratar.
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Una tragedia social, no un accidente
El drama del fentanilo contaminado es un crimen social. Un crimen con víctimas concretas y responsables claros, pero donde las culpas se diluyen entre laboratorios, burócratas y funcionarios que miraron para otro lado. No alcanza con endurecer los controles sobre los privados: lo que está en juego es el rol mismo de estos laboratorios en la producción de medicamentos esenciales.
Por eso, la discusión necesaria va más allá de una reforma administrativa. Lo que se impone es la producción pública, nacionalizada y bajo control social de los medicamentos, integrada en un Sistema Único de Salud que garantice acceso universal, con trazabilidad y seguridad para todos los pacientes.
Justicia y salud pública: dos reclamos inseparables
Los familiares de las víctimas exigen respuestas. No quieren promesas ni declaraciones cruzadas entre oficialismo y oposición: reclaman justicia real, investigación independiente y castigo a los responsables empresariales y políticos. Entre ellos, no pueden quedar exentos los propios ministros de Salud, que debieron garantizar la seguridad de los medicamentos y fallaron de manera criminal.
Esta tragedia marca un antes y un después: o se asume que la salud pública debe estar por encima de los negocios, o se repetirá el mismo patrón de impunidad y muerte.
El caso del fentanilo no es solo un escándalo sanitario, es la prueba de que cuando gobiernan los intereses empresariales por encima de las necesidades sociales, los costos se miden en vidas humanas.