Otro capítulo se abre en la trama de una serie de terror, que pretende revivir la reelección indefinida de legisladores, concejales municipales y consejeros escolares en la provincia de Buenos Aires.
El Senado bonaerense aprobó un proyecto de ley que elimina los límites de dos mandatos consecutivos para esas autoridades, que ahora será tratado por diputados. Luego de un empate de 22 a 22 senadores, su presidenta, la vicegobernadora Verónica Magario, desempató permitiendo la media sanción, pero sin advertir que debía haber abierto primero a una nueva discusión previo a ello, violando así el reglamento interno.
La alternancia en el poder es uno de los pilares del sistema republicano de gobierno, así lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia en la causa, “Evolución Liberal y otro c/ San Juan” y “Partido por la Justicia Social c/ Tucumán”. Allí, suspendió la convocatoria a elecciones en ambas provincias en tanto los candidatos del Poder Ejecutivo Juan Luis Manzur y Sergio Uñac violaron el principio de alternancia, que contiene la prohibición de exceder los límites previstos en la ley para ejercer los cargos de gobernador y vicegobernador, en tanto ello vulnera el principio de alternancia.
Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires ese principio se ha visto violado por una trama de reformas legales, interpretaciones judiciales controvertidas y decisiones políticas que, en los hechos, permitieron la reelección de intendentes y otras autoridades locales cuando la ley no lo permitía. Este fenómeno no es solo técnico, plantea un serio desafío institucional y tiene consecuencias directas hacia los ciudadanos. En 2016, la ley 14.836 modificó la ley orgánica de las municipalidades (decreto-ley 6769/58), estableciendo que intendentes, concejales y consejeros escolares solo podían ser reelegidos una vez de manera consecutiva. A partir de allí, tras dos mandatos consecutivos, debían dejar pasar un período completo para volver a postularse. La ley, sancionada durante la gobernación de María Eugenia Vidal, representó un avance significativo hacia la transparencia y la renovación de autoridades, y era exigida por un amplio consenso ciudadano.
Sin embargo, en 2019, un fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de San Martín sembró la semilla para una posterior regresión institucional. En una sentencia que generó polémica, el juez resolvió que el primer mandato de un intendente iniciado en 2015 no debía computarse a los efectos de la limitación impuesta por la ley 14.836, ya que esta había sido sancionada con posterioridad al inicio de ese mandato. Aunque el fallo se dictó en un caso individual, abrió la puerta a una reinterpretación generalizada de la norma, y dio fundamento político para modificar esa ley. Sobre ese escenario político-judicial, la Legislatura bonaerense, mediante la sanción de la ley 15.315 en diciembre de 2021, modificó el criterio de cómputo de mandatos y permitió que decenas de intendentes que ya llevaban dos o más períodos consecutivos pudieran volver a postularse en las elecciones de 2023.
Frente a esta maniobra política, desde la asociación civil Bases Republicanas, y con mi patrocinio letrado, se intentó frenar el avance judicial en defensa de los principios republicanos y del mandato de la ley 14.836. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado en fallos como Bussi, Antonio D. c/ Provincia de Tucumán (2003) que la periodicidad de los mandatos y la renovación de autoridades son aspectos esenciales del sistema republicano. En el derecho comparado, organismos como la Comisión de Venecia del Consejo de Europa han desaconsejado la reelección indefinida, entendiendo que menoscaba la equidad electoral y favorece la concentración del poder.
En este contexto, la provincia de Buenos Aires se ha vuelto a transformar en un laboratorio de ingeniería institucional al servicio de intereses particulares, más que de la ciudadanía. La permanencia indefinida en los cargos públicos, lejos de traducirse en eficiencia, suele vincularse con prácticas clientelares, y con el uso y abuso de los recursos públicos por parte de aquellos que detentan el poder.
Preocupa mucho que nuevamente, de modo institucional, se pretenda vulnerar el sistema republicano sin consecuencia alguna. El respeto a la alternancia no es un capricho normativo: es una garantía contra la captura del Estado. La reforma de 2016 apuntaba en esa dirección. La contrarreforma legal de 2021 (apalancada por fallos judiciales funcionales al statu quo), y la falta de revisión judicial efectiva, sientan un precedente regresivo.
Si queremos ser un país institucionalmente sólido y fortalecer la institucionalidad democrática, la discusión sobre la reelección indefinida no puede ser una cuestión ocasional. Debe estar en el centro del debate público. Cuando la provincia exige el dictado de leyes útiles y necesarias para el ciudadano de a pie, parece que los legisladores y las autoridades están pensando (como se suele decir) “en la suya”.ß
Abogado,especialista en Derecho Administrativo