El intendente Guillermo De Rivas presentó un proyecto para «ordenar» la actividad de trapitos, cuidacoches, malabaristas y limpiavidrios en la ciudad. La iniciativa ingresó al Concejo Deliberante y propone establecer un marco regulatorio para estas actividades en la vía pública. Según el Ejecutivo, se busca evitar conflictos sin erradicar completamente esta actividad ilegal.
El proyecto contempla dos ejes: control y asistencia social. Se prevé la intervención de la Guardia Urbana Local y otras áreas municipales para supervisar la actividad. Además, se ofrecerán capacitaciones y oportunidades de reconversión laboral para quienes lo requieran.
Desde la gestión municipal se enfatiza que no toda la actividad de los trapitos genera problemas. El objetivo es abordar los casos que alteren la tranquilidad de los vecinos, sin desatender la situación de vulnerabilidad de algunos trabajadores.
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Críticas a la postura del Ejecutivo
La propuesta de regular en lugar de prohibir la actividad de los trapitos ha generado críticas desde sectores que consideran insuficiente la medida. Argumentan que la regulación podría legitimar prácticas que afectan la convivencia ciudadana. Además, señalan que en otras ciudades se han implementado medidas más estrictas para erradicar estas actividades ilegales.
En Córdoba Capital, por ejemplo, se ha intentado reforzar (sin resultados significativos) los controles sobre los limpiavidrios y cuidacoches, buscando eliminar su presencia en ciertos sectores de la vía pública. Estas acciones han sido respaldadas por legisladores que proponen la prohibición total de la actividad.
En Río Cuarto se estima que unas 80 personas trabajan como «trapitos», aunque el número varía constantemente. Esto es debido a la legitimación política cada vez más frecuente con respecto a esta actividad ilegal.
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Posiciones en el Concejo Deliberante
El bloque Primero Río Cuarto manifestó su apoyo a la implementación de una ordenanza que regule la actividad de los trapitos y la venta ambulante. El jefe de la bancada, Gabriel Abrile, sugirió la conformación de cooperativas y la capacitación de los trabajadores para brindarles un empleo digno.
Por su parte, el bloque La Fuerza del Imperio del Sur espera evaluar el proyecto una vez ingresado al Concejo. Aunque no adoptan una postura prohibicionista, apuestan a entender cada situación particular antes de tomar una decisión.
El Ejecutivo busca alcanzar un consenso con todas las fuerzas políticas para la aprobación de la ordenanza. Se espera que la discusión en el Concejo Deliberante permita ajustar el proyecto a las necesidades y preocupaciones de la comunidad.
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La mayoría de los vecinos expresa un rechazo claro hacia la continuidad de los trapitos en la vía pública. Señalan que su presencia muchas veces está asociada a situaciones de presión, extorsión y violencia. Aseguran que el cobro no es voluntario y que, en muchos casos, quien no paga sufre daños en el vehículo o amenazas directas.
También reclaman que no hay garantías de seguridad ni control efectivo por parte del Estado. Consideran que regular la actividad no resuelve los problemas de fondo, sino que los institucionaliza. Para ellos, la única solución válida es la erradicación definitiva de esta práctica, por tratarse de una forma de ilegalidad tolerada.