El Gobierno puso en marcha la privatización total de la empresa pública Energía Argentina S.A. (Enarsa), creada a fines de 2004 por el kirchnerismo con el objetivo de que el Estado nacional tuviera cada vez más intervención en toda la cadena de valor del sector energético, desde la producción hasta el transporte, la comercialización y distribución de electricidad y gas natural.
Sin embargo, con marcos regulatorios diseñados en la década del ’90, durante la presidencia de Carlos Menem, y con concesiones por entre 35 y 99 años para las empresas prestatarias de servicios públicos muy costosas de revertir, el kirchnerismo utilizó a Enarsa como una empresa «testigo» en los mercados de energía.
Entre ellos, la generación termoeléctrica e hidroeléctrica, la obra pública energética como el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) y el ex Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK, hoy Perito Francisco Pascasio Moreno) y las multimillonarias importaciones de gas a través de Bolivia, Chile y por barcos (Gas Natural Licuado, GNL).
La venta de Transener y sus resultados
En primer término, el Gobierno avanzará con la venta de las acciones de Enarsa en Transener, que al valor que le asigna el mercado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) equivale a unos 200 millones de dólares. Transener está por obtener un aumento de tarifas debido a la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT), que establecerá un período de 5 años de normalización regulatoria y que mejorará sus perspectivas de inversión.
En 2024, Transener consiguió un EBITDA consolidado (rentabilidad bruta de la operación) por $ 151.311 millones -más de US$ 150 millones- y una ganancia neta contable de $ 70.242 millones -más de US$ 70 millones- por la recomposición tarifaria que tuvo lugar a partir de febrero del año pasado.
Mientras tanto, el total de Enarsa, que cuenta con 320 empleados tuvo una ganancia -superávit financiero- de $ 475.415,4 millones, un resultado inflado por la inyección de fondos -subsidios- del Estado nacional por $ 1.460.198,2 millones ($ 1,46 billón) para pagar los subsidios al gas. Sin esas transferencias del Ministerio de Economía, hubiera tenido un déficit de $ 984.782,8 millones, aún pese a los ingresos que le da la operación del gasoducto de Vaca Muerta.
Según Juan José Carbajales, director de la consultora Paspartú, ex subsecretario de Hidrocarburos y ex gerente general de Enarsa, la decisión oficial de la privatización es «puramente ideológica, con tintes recaudatorios», ya que si la empresa es deficitaria es por la decisión política de canalizar ahí los subsidios a la importación de gas.
Los activos de Enarsa
La empresa estatal gestiona y administra múltiples activos relevantes para el sector energético, tales como:
- El 100% del gasoducto ex GPNK de Vaca Muerta, que permite evacuar más de 21 millones de m3 diarios (MMm3/d) de gas natural desde Neuquén hasta Buenos Aires. Transportadora de Gas del Sur (TGS) está interesada en obtener su concesión, poder comercializar libremente el combustible y ampliar el ducto hasta 39 MMm3/d.
- El 68,83% de la Central Termoeléctrica -CT- José de San Martín (TSM) en Timbúes, Santa Fe, con una potencia instalada de 865 megavatios (MW); y el 65% de la CT Manuel Belgrano, en Campana, Buenos Aires, con 823 MW. Ambas sociedades surgieron de un fondo junto a generadoras eléctricas privadas para pagar una deuda del Estado.
- El 98% de las cuatro represas hidroeléctricas del Comahue, como Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón y Cerros Colorados, que se volverán a dar en concesión a los privados a la brevedad.
- El 26,33% de Citelec, la sociedad que es dueña junto a Pampa Energía de la transportista eléctrica Transener, que tiene unos 12.400 kilómetros de líneas en extra alta tensión, indispensables para conectar la generación de energía en todo el país con los centros de consumo.
- Además, tiene a cargo las dos represas hidroeléctricas en construcción en Santa Cruz (Néstor Kirchner y Jorge Cepernic), con un avance promedio superior al 30% y una capacidad de 1.310 MW, pero con problemas con China para su financiamiento.
- Por otro lado, opera y mantiene el GNEA; comercializa la energía hidroeléctrica generada en las centrales hidroeléctricas binacionales Yacyretá (con Paraguay) y Salto Grande (con Uruguay); entrega gas subsidiado a las distribuidoras -se encarga de las importaciones de GNL y del costo de regasificación a unos 14 dólares por millón de BTU y lo vende a poco más de US$ 3-; y tiene el 1% de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la compañía pública dueña de las centrales nucleares.
- Por último, tiene el 50% del puerto de Escobar junto a YPF, en donde se conecta todo el año el buque regasificador Expedient de la empresa estadounidense Excelerate Energy; y cuenta con parques eólicos en Santa Cruz y La Rioja.
«Todo eso lo hace de manera razonablemente eficiente y como brazo ejecutor de políticas públicas, sin entorpecer los mercados energéticos (al contrario, muchas veces hace el ‘trabajo sucio’ que nadie, ni YPF, quiere hacer. Esto no quiere decir que su gestión no deba ser sometida a altos estándares de gobierno corporativo (principios de eficiencia, transparencia, generación de valor, compliance), pero aquí se decide la venta y no la mejora continua, con una visión ideológica del rol subsidiario del Estado en la economía. La receta de los años ’90 que el primer tiempo de Macri no pudo completar y el gobierno de Alberto y Cristina Fernández no supo blindar y robustecer«, criticó Carbajales.
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