FMI, otra historia de terror: el fracaso de los acuerdos con el Fondo

Javier Milei y Luis Caputo negocian un nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI por U$S 20.000 millones. Este miércoles viajarán a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump e implorar un monto generoso para cancelar más deuda y para fortalecer las reservas en rojo del Banco Central.

Argentina vivió una historia de terror con el FMI, hubo varios fracasos que terminaron con más desocupación y pobreza. Los dólares del Fondo no se destinaron a construir colegios u hospitales, sino que fueron a pagar deuda ilegal y financiar fuga. ¿Por qué ahora sería diferente?

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El loop infinito con el Fondo

La Argentina ingresó al FMI en 1956, y desde entonces firmó 28 acuerdos con el organismo. Desde que el país ingresó al organismo, hasta que canceló la deuda en 2006 (siguiendo su membresía), Argentina sólo estuvo libre de programas del FMI en nueve años.

Entre 1957 y 1975 algunas de las condiciones que incluyeron los acuerdos con el Fondo fueron mejorar los resultados fiscales, es decir ajuste, suba de tarifas públicas, racionar las empresas del Estado y restringir el crédito doméstico. Estos programas apuntaban a desmantelar las regulaciones sobre la economía. En particular, en 1957, se derogó el régimen de nacionalización de los depósitos, hubo modificaciones de la ley de bancos y las Cartas Orgánicas de la banca oficial (Banco Central, Hipotecario Nacional, Industrial y Caja Nacional de Ahorro Postal); y se canceló el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio), organismo que tenía cierto control en el comercio exterior argentino.

En su libro, “Historia de las relaciones entre Argentina y el FMI”, Noemí Brenta detalla que, tras el Rodrigazo, los funcionarios del FMI creían que el gobierno no podría imponer el ajuste necesario y, por otro lado, “sabían que los militares actuarían pronto, como surge de memorándums confidenciales obrantes en los archivos del FMI, y preferían esperar para negociar con ellos”. Dos días después de consumado el golpe militar, el Fondo liberó más de U$S 100 millones y luego acordó un nuevo Stand By, el más importante otorgado hasta ese momento a un país de América Latina. Dicho acuerdo tuvo la novedad de que, por primera vez, se estableció como condición la limitación de los incrementos de salarios y el mantenimiento de la libertad de los precios. En estos acuerdos también se benefició al sector financiero, así la Reforma Financiera de 1977 liberalizó el sistema.

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A partir de 1983 el problema del atraso de la estructura productiva argentina se verá agravado por el crecimiento explosivo de la deuda externa, los desembolsos del FMI serán cada vez más grandes y las condicionalidades cada vez más extremas.

Durante los años 80 la crisis de deuda se profundizó en los países dependientes, Argentina entró en default en 1982 (el tercero en su historia) y empezó un nuevo capítulo de la ofensiva “neoliberal” del imperialismo y el capital concentrado. Los acreedores privados de la deuda externa exigían medidas drásticas de ajuste y reformas promercado que el Fondo debía supervisar. Los cuatro planes Stand By firmados durante esta década acompañaron la aplicación de sucesivos planes como el Plan Austral (1985) y el Plan Primavera (1988) hasta que el organismo le soltó la mano al gobierno argentino desencadenando un espiral de devaluaciones e hiperinflación. El Plan de Convertibilidad (1991), que establecía un patrón de cambio fijo (1 peso por 1 dólar), sólo pudo mantenerse con el respaldo de las divisas de corto plazo que entraron los capitales especulativos, una oleada de privatizaciones, así como por la asistencia permanente del FMI (seis acuerdos, con sus ampliaciones) que triplicó la deuda con el organismo en menos de 10 años. Las medidas de ajuste asociadas fueron la flexibilización laboral, privatización de los servicios públicos, fuerte recorte en el gasto público con despidos masivos y ajuste de salarios y jubilaciones, reforma tributaria, desregulación del comercio exterior e interior, eliminación de los controles a la entrada y salida de capitales, entre otras.

Una mención aparte merece el rol del Fondo en la crisis del 2001. El organismo suspendió el desembolso de ese año. En agosto de 2001, el director gerente del FMI, Horst Köhler, le informó al entonces ministro de Economía, Domingo F. Cavallo, que el Fondo condicionaría su ayuda a que Argentina sustituyera el peso por el dólar estadounidense. La burguesía local finalmente optó por la salida devaluadora y un mazazo al salario con el apoyo de las burocracias sindicales.

Entre el período 2001-2021 hubo renegociaciones de vencimientos con el organismo. En 2006 gracias al superávit acumulado en el comercio exterior por el contexto internacional favorable el kirchnerismo pagó la deuda con el Fondo. Pero cuando los dólares comenzaron a escasear, Cristina Fernández ordenó al ministro Axel Kicillof hacer los «deberes» para regresar a los mercados en 2014. Así, se acordó la renegociación de la deuda con el Club de París, sin quita y a tasas exorbitantes, y se canceló el pago a varias multinacionales con juicios en el Ciadi. El Gobierno empezaba su ajuste en “sintonía fina” y a duras penas conseguía divisas a partir del intercambio de monedas (Swap) con China o el ingreso de divisas por la adjudicación de frecuencias 4G con Telecom. Sobre el final de su último mandato, el Gobierno tensó el conflicto con los fondos buitres hasta que finalmente el gobierno de Macri canceló el pago a precio nominal, con ganancias del 1300 % para los especuladores. Esta decisión fue posible gracias a los votos en el Congreso de un sector del peronismo y fue el inicio de un espiral de deuda con acreedores privados y fuga de capitales monumental que terminó con un default técnico y la vuelta al Fondo en junio de 2018, que se amplió en octubre de 2018 a U$S 57.000 millones, de los que el país recibió U$S 45.000 millones a cambio de un programa de fuerte ajuste fiscal y monetario.

Tras la catástrofe en la que terminó el acuerdo de Macri con el FMI, el gobierno de Alberto Fernández negoció un nuevo pacto, que incluyó más ajuste. La fuga de divisas continuó a través del pago de deuda privada ficticia en dólares. Hubo firmas que pidieron dólares baratos al Banco Central para cancelar pasivos en el exterior. Bajo esta modalidad se fueron casi U$S25.000 millones entre 2020 y 2022, según el Centro Cifra. Todo este saqueo ocurrió sin que el gobierno del Frente de Todos lleve adelante ninguna investigación. La pobreza aumentó de 25% hasta el 40%.

Los acuerdos con el FMI empeoraron las condiciones de vida de la clase trabajadora y la deuda aumentó. Las recetas de ajuste provocaron una transferencia de ingreso desde el salario y los ingresos populares hacia los acreedores de la deuda, especuladores y el capital más concentrado. Es necesario patear el tablero, rechazar el acuerdo con el Fondo y movilizarse por el desconocimiento soberano de la deuda. Esta vez puede ser distinto si se impone una salida de la clase trabajadora ante la crisis.

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