En la sesión de hoy en la Legislatura se aprobó por mayoría el Decreto Acuerdo Nº 2781-JG2025, ahora Ley Nº 6454, del Ejecutivo provincial que declara la emergencia hídrica en toda la provincia.
El bloque del PTS-FITU cuestionó el uso discrecional de los supuestos fondos para la emergencia hídrica.
El diputado Miguel López manifestó “venimos insistiendo con la necesidad de soluciones estructurales a nivel de infraestructura hídrica para toda la provincia. De hecho presentamos proyectos de ley para que se destinen mayores recursos en el mejoramiento y la realización de nuevas obras para prevenir desastres climáticos en amplios sectores de la población. Estamos a favor de la realización de estas obras”.
También afirmó ”En el 2017 el ex gobernador Morales presentó de manera estridente una inversión millonaria en maquinaria para dotar a distintas dependencias, al día de hoy no conocemos el estado y los destinos de tamaña inversión, una muestra evidente de que las cosas son poco claras y hay otros intereses”.
Por su lado la legisladora Natalia Morales indicó que “es un decreto sin información precisa de qué monto se va a destinar, qué es lo que se va a arreglar, cuáles son las prioridades. Ahora son necesarias acciones de urgencia, pero se va a hacer un plan de prevención para hacer frente ante nuevos desastres producto de la crisis climática? No sabemos si con la emergencia se van a mejorar las escuelas cuyos techos mojados se caen, o pueden electrificar a los estudiantes, o si van a destinar a los pequeños productores de la quebrada y la puna que vienen soportando las crecidas de los ríos y arroyos sin obras de riego desde hace décadas”.
Para finalizar Gastón Remy apuntó que “sabemos del uso discrecional de los recursos económicos por parte del gobierno. Nadie puede negar el cambio climático y sus efectos pero ante esa realidad no se puede seguir recortando partidas para obra pública y después de manera cínica votar una emergencia. Con números oficiales en la mano vemos que Nación envió 0 (cero) pesos para terminar obras o encarar nuevas, eso tiene un costo social enorme. En la provincia se votó un presupuesto que de manera nominal amplia partidas pero si lo contrastamos con los números de la inflación, claramente es de un recorte profundo. Simplemente podemos concluir que todas estas medidas obedecen a una política consciente de recorte y ajuste para poder hacer un superávit que solamente se utiliza para pagar deuda. Ahora nos quieren decir que con una ley de emergencia que los habilita a utilizar millonarios recursos sin ningún control van a solucionar años y años de desinversión? Claramente creemos que no. La obra pública tiene que ser controlada por trabajadores y vecinos para evitar la corrupción y que efectivamente se planifique en función de las necesidades reales”.