El gobierno nacional decidió avanzar contra la jueza Karina Andrade. Así lo dejaron saber fuentes del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, que señalaron ante este diario que avanzarán en una denuncia penal y que a su vez pedirán que sea apartada de la causa.
En la denuncia del viernes, Seguridad ya había solicitado la “inhibición” de Andrade y adelantaron que evaluarían una presentación ante el Consejo de la Magistratura.
En ese marco, el fiscal federal Franco Picardi pidió a Seguridad que incorpore a la demanda por sedición que presentó a raíz de los incidentes en la marcha de jubilados el miércoles último evidencia relativa a las acusaciones.
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El fiscal solicitó que los registros de llamadas completos a la línea 134 vinculadas a la supuesta presencia de barrabravas en el Congreso sean presentados. Picardi abrió una investigación en base a la denuncia de Bullrich que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello.
En las comunicaciones que solicitó Picardi “se habrían receptado denuncias de personas que, en base a medios televisivos, comunicaron que habrían reconocido a integrantes de “barras bravas de diversos clubes” ejerciendo violencia y/o asistiendo con armas (sin precisiones en torno al tipo) a la manifestación mencionada”.
En concreto, aquellas evidencias “en las que se hayan registrado las aludidas agresiones a las fuerzas policiales, mediante empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego”.
La solicitud de Picardi evidencia que la denuncia realizada por Bullrich no fue acompañada con las pruebas correspondientes.
A su vez, la fiscalía reclamó “registros y/o informaciones” que posea en torno a las afirmaciones realizadas respecto de que el “principal organizador de la violenta movilización del día miércoles pasado habría sido Leandro Capriotti”.
En la presentación del Gobierno se asegura que “la violencia ejercida fue premeditada y organizada, puesto que los agresores ya arribaron a la movilización munidos de instrumentos contundentes (palos, fierros), armas blancas (facas, cuchillos), armas de fuego, clavos de tipo ‘miguelito’ para pinchar las gomas de las ruedas de los ciclomotores y los patrulleros de las fuerzas de seguridad y elementos para iniciar incendios, entre otros objetos inequívocamente destinados a agredir, causando daños y lesiones”.
Ayer volvió a hablar la jueza de la Ciudad Karina Andrade, quien sufrió duros cuestionamientos por parte del Gobierno tras liberar a los 114 detenidos por los incidentes.
“Mi sentencia dejó claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución”, afirmó la magistrada, quien en las últimas horas debió aclarar que nunca militó en La Cámpora y que su afiliación es “sindical”.
“No se cumplían los requisitos básicos de información al juez sobre los motivos de las detenciones. No había un control judicial efectivo”, detalló sobre el accionar policial.
Por otra parte, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, adelantó ayer que el GCBA recusará a la jueza Andrade.