La Legislatura de Santa Cruz aprobó hoy la ley de Emergencia Hidrocarburífera, que crea un régimen de incentivos fiscales, en el que se contempla baja de regalías para áreas maduras, a fin de sostener los puestos de trabajo mediante la mejora de los costos de producción. La iniciativa se aprobó por unanimidad.
Con cambios importantes introducidos con relación a lo que fue la primera versión del proyecto, la norma aprobada hoy contempla medidas de incentivo para revertir la crisis petrolera que atraviesa la provincia, con la salida de YPF y los 2.500 retiros voluntariosque la operadora apunta a concretar al concluir el mes de febrero.
El primer artículo de la ley, a cuyo texto accedió ADNSUR, establece que la emergencia regirá hasta el 31 de diciembre del corriente año, «con el fin de adoptar medidas urgentes que permitan la reactivación y sostenibilidad del sector e intereses del Estado provincial».
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Foto: ilustrativa Ámbito
Baja de regalías en áreas maduras
En el artículo segundo, se crea un régimen de incentivos fiscales «para las empresas que inviertan en la exploración y explotación de hidrocarburos en todo el territorio continental de la provincia». Tales incentivos, aclara la norma, «incluirán la reducción de impuestos y r regalías, con el compromiso de mantener e incrementar la actividad y sostener los puestos de trabajo del sector».
Sin embargo, aclara que el beneficio no será inmediato, sino que «estará condicionado a la presentación y cumplimiento de un plan de trabajo presentado por parte de las operadoras, orientado al sostenimiento y optimización de la producción hidrocarburífera convencional».
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Asimismo, la norma indica que los porcentajes de reducción de regalías estarán directamente relacionados con el grado de producción alcanzado por la operadora, acorde al plan aprobado por la autoridad de aplicación.
Régimen laboral especial y cursos de capacitación
Además, se crea un régimen laboral diferencial para los pozos de cuencas maduras, con participación de cámaras empresarias y sindicatos, que será regido por el Ministerio de Trabajo. El objetivo, según el artículo 4, es «garantizar estabilidad laboral durante el período de emergencia implementar programas de capacitación».
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Además, se crea una comisión que estará integrada por dos diputados de cada bloque, con el fin de hacer un seguimiento sobre la actividad, en base a los informes que remitirá la autoridad de aplicación.
Aunque el período de emergencia se establece por un año, en el artículo 8 se determina que podrá ser prorrogada por igual período, es decir que podría extenderse hasta fines de 2026.
En el artículo 5 se estipula que el Ministerio de Energía será la autoridad de aplicación, verificando especialmente «la responsabilidad sobre los pasivos ambientales, las inversiones comprometidas y demás obligaciones inherentes a las concesiones otorgadas por el Estado provincial».