La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) cuestionó en duros términos la decisión del gobierno de Javier Milei de nombrar «en comisión» a los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia. «Es un riesgo potencial para la seguridad jurídica y el equilibrio institucional», señalaron y advirtieron que «erosiona la confianza» y «aleja inversiones».
La entidad que nuclea a las empresas estadounidenses emitió un comunicado esta tarde en el que destacó los «avances significativos» en materia económica que logró la administración libertaria mediante la «estabilización de la política monetaria y fiscal» que permitió reducir la inflación, como también la desregulación de la economía en busca de «impulsar el crecimiento genuino del país, atrayendo inversiones». Sin embargo, aseguró que la designación «extraordinaria y transitoria» de Lijo y García- Mansilla «pueden opacar estos esfuerzos y afectar la previsibilidad que el país necesita».
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Argentina necesita previsibilidad y seguridad jurídica para impulsar un desarrollo sostenible y consolidarse como un país competitivo.
Compartimos nuestro posicionamiento frente a la designación por decreto de dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. pic.twitter.com/ixXwtkfyDu
— AmCham Argentina (@AmChamArgentina) February 26, 2025
Si bien reconocen que la decisión de Milei «tiene andamiaje legal previsto en la Constitución como un mecanismo extraordinario», no dudan en resaltar que «representa un riesgo potencial para la seguridad jurídica y el equilibrio institucional que debe regir en una república democrática». El argumento de que el Senado no aprobó los pliegos y está en receso «no parece el camino más adecuado», indicaron, principalmente porque nos encontramos a días del inicio de las sesiones ordinarias.
AmCham alertó por el impacto económico de la decisión de Javier Milei
Además de cuestionar el camino utilizado, también desde AmCham remarcaron que la designación «en comisión» genera «desconcierto» porque los jueces «podrían ser removidos en cualquier momento» por el Congreso Nacional. «El hecho de que magistrados designados de manera transitoria ejerzan funciones en la Corte Suprema sin la validación del Senado debilita la estabilidad judicial y afecta la confianza en sus fallos, lo que podría derivar en la nulidad de sus sentencias», añadieron.
En esa línea, advirtieron que cualquier fallo proveniente de una Corte «integrada de forma excepcional y temporaria quedaría expuesta a cuestionamientos sobre su validez y legalidad». Por ese motivo, consideraron como «fundamental» que el Senado trate los pliegos de los candidatos propuestos por el Ejecutivo, sea para su aprobación o rechazo, pero dentro de plazos razonables.
«Desde el punto de vista del clima de negocios, la imprevisibilidad institucional y la falta de reglas claras, erosionan como nos ha ocurrido en el pasado último la confianza de los actores económicos y alejan las inversiones necesarias para el desarrollo del país. La seguridad jurídica es un pilar fundamental para la competitividad y crecimiento sostenido, y su debilitamiento solo contribuye a demorar la recuperación económica y social que requiere la República Argentina. Nuestro país necesita previsibilidad y seguridad jurídica para construir un futuro de desarrollo hacia una Argentina competitiva», concluyó la entidad.
Javier Milei nombró por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte
El martes, el gobierno de Javier Milei hizo oficial la designación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema de la Justicia mediante el Decreto 137/2025. La medida había sido anticipada por intermedio de un comunicado publicado desde la Oficina del Presidente.
La legislación que confirma sus cargos se reconfirmó en el Boletín Oficial. Según la disposición del gobierno, el objetivo es que «los intereses de la política no se interpongan por sobre los del pueblo argentino».
En las páginas publicadas en el decreto, el Gobierno remarcó que existían dos vacantes en la Corte Suprema que «requieren ser cubiertas sin demora» debido a la renuncia de la Dra. Elena Inés Highton de Nolasco, en 2021 y, la del Dr. Juan Carlos Maqueda, en diciembre de 2024.
Por tal motivo, el órgano había quedado conformado únicamente por tres integrantes: Horacio Rosatti, presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Ante esta situación, el Gobierno propuso a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para ocupar estos dos lugares vacantes en la Corte Suprema de la Nación, en marzo de 2024, aunque no consiguieron los votos necesarios para impulsarlos en la Cámara Alta. A raíz de esto, la Oficina del Presidente de la Nación adelantó que Javier Milei nombraría ambos cargos por decreto.