En medio de la lucha contra la ola de criminalidad que afecta al Perú, el alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, instó al Gobierno a calificar como organización terrorista a la banda criminal extranjera Tren de Aragua. La propuesta sigue el ejemplo de Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump a tomado medidas similares contra este grupo delictivo.
Durante un evento público al que asistió junto al ministro del Interior, Juan José Santivañez, López Aliaga insistió en la necesidad de definir el terrorismo urbano como un delito específico para enfrentar de manera más efectiva a organizaciones criminales que operan en el país. Según el burgomaestre, dicha medida permitiría ampliar las capacidades de las fuerzas del orden y del sistema judicial para combatir estas amenazas.
En sus declaraciones, el alcalde destacó que declarar al Tren de Aragua como grupo terrorista sería “un primer paso” crucial para combatir a esta organización criminal dedicada al sicariato, extorsión y cobro de cupos.
“Si en Estados Unidos tiene esa calificación de organización terrorista, podría pactar con el gobierno peruano para que el Tren de Aragua sea intervenido tanto en Perú como afuera”, señaló el alcalde en el evento.
Por su parte, el ministro del Interior, Juan José Santivañez, informó que solo en Lima Metropolitana se han identificado más de 200 organizaciones criminales activas. Ante esta alarmante cifra, enfatizó que el Congreso debe actuar para incorporar la figura del terrorismo urbano en la legislación. Esto brindaría mayores herramientas para que la Policía Nacional del Perú (PNP) y el sistema judicial puedan enfrentar el crimen organizado con mayor efectividad, evitando que los delincuentes sean liberados fácilmente.
En ese sentido, López Aliaga subrayó que no sería viable declarar a todas las bandas criminales como organizaciones terroristas. “El que mucho abarca, poco aprieta”, afirmó, haciendo un llamado a centrarse en las cinco agrupaciones más peligrosas que operan en el país. “Si Estados Unidos declara terrorista a una organización, reaccionemos”, concluyó el burgomaestre, instando a priorizar acciones concretas y coordinadas.
A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana informó que se dará prioridad al debate del Proyecto de Ley 09085/2024-PE que busca incluir la tipificación del terrorismo urbano en el Código Penal, definiéndolo como los actos delictivos que generan zozobra en la población o en un sector de ella, mediante prácticas como el sicariato y la extorsión.
“El proyecto busca enfrentar con severidad las nuevas formas de delincuencia, que afectan gravemente la convivencia social y la paz familiar”, señaló Salhuana en un comunicado. De ser aprobado, quienes cometan los delitos descritos enfrentarían penas de hasta 30 años de prisión.
El anuncio fue saludado por el jefe del Gabinete ministerial, Gustavo Adrianzén, quien expresó su apoyo y reafirmó el compromiso del Ejecutivo para frenar la creciente ola delictiva que cobra la vida de los peruanos diariamente.
“Desde el Gobierno nacional estamos convencidos de que esta propuesta fortalecerá la lucha contra la delincuencia y permitirá avanzar en la erradicación de los delitos que impiden alcanzar una sana convivencia social, la paz familiar y el desarrollo del país”, indicó para Andina.
El proyecto propone un endurecimiento significativo de las penas para delitos vinculados al crimen organizado, con el fin de enfrentar de manera más eficaz las actividades ilícitas. Entre los delitos que se incluirán en este endurecimiento se encuentran la tenencia ilegal de armas, el uso de explosivos, atentados contra medios de comunicación, transporte, así como asaltos, robos, sicariato y extorsión. Además, se planea modificar el Código Procesal Penal para introducir procesos sumarios, lo que permitirá imponer sanciones de forma más rápida, respondiendo así con mayor eficacia a las demandas de justicia de la ciudadanía.
En paralelo, se dará prioridad a la discusión y aprobación del Proyecto de Ley 6305, que propone la creación de Unidades de Flagrancia. Estas unidades procesales tienen como objetivo garantizar que los responsables de delitos flagrantes reciban sanciones inmediatas, lo que contribuirá a agilizar considerablemente el sistema judicial.